En el primer semestre del 2010, por orden de la justicia civil, fueron realizadas 116 diligencias probatorias destinadas a constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones informáticas de importantes empresas de los rubros pesqueros, de la industria del cereal, del turismo, agropecuario, inmobiliario, de la construcción, financiero y de autopartes, ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta y Neuquén, entre muchas otras.
Durante estas diligencias se encontraron un total de 5.012 computadoras con software sin las correspondientes licencias, generando indemnizaciones que deberán afrontar los usuarios ilegales, y que en su conjunto superan los 3.200.000 pesos.
Asimismo, las autoridades argentinas llevaron a cabo 16 allanamientos policiales en búsqueda de software ilegal en comercios dedicados a la venta de computadoras. El resultado fue de 235 computadoras que se encontraban a la venta con software pirata pre-instalado y 302 DVDs con copias ilegales de software, alcanzando un valor total de 1.074.760 pesos.
| Localidad | Allanamientos |
| Capital Federal | 5 |
| Provincia de Buenos Aires | 4 |
| Córdoba | 4 |
| Neuquén | 2 |
| La Pampa | 1 |
| Total: | 16 allanamientos |
Estas actividades han llevado a las autoridades argentinas a procesar a 12 personas por ser consideraras responsables del delito de defraudación contra la propiedad intelectual; mientras que 12 titulares de comercios de computación fueron condenados a cumplir tareas comunitarias y a indemnizar a los titulares de los Derechos de Autor.
En Argentina, la violación a la Ley No 11.723, establece sanciones penales y atribuye responsabilidad civil a quienes infringen los derechos de los creadores de software. Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta los seis (6) años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata. En el ámbito civil, el daño provocado al autor por la utilización indebida del software o la copia no autorizada, genera la obligación de indemnizar.
“Estas actividades de las autoridades policiales y judiciales tienen como objetivo lograr un nivel de protección adecuado de los derechos de autor en Argentina y disminuir los índices de piratería en nuestro país que superan ampliamente la media de Latinoamérica en cuanto a utilización de software ilegal”, comentó la Dra. María de Monserrat Guitart Piguillém, asesora legal y una de las voceras de los Miembros de Business Software Alliance (BSA) en Argentina.
En Argentina el 71% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de International Data Corporation (IDC); situación que representa un gran potencial de riesgo entre las empresas de Argentina y el desarrollo económico del sector Tecnologías de la Información (TI).
Resulta oportuno aclarar que cada producto ilegalmente instalado o copiado afecta directamente, no sólo a la empresa productora, sino también a los programadores, distribuidores, revendedores y vendedores nacionales. Esta ilegalidad, provoca la disminución de las ventas, entorpece la innovación y perjudica los incentivos económicos necesarios para la creación de nuevos programas y aplicaciones.
