El último informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) investiga si el empleo “en negro” puede ser la consecuencia de empresas con capacidad económica para cumplir las normas laborales pero que deciden aumentar su rentabilidad eludiendo los controles estatales. O, alternativamente, el resultado de un diseño normativo que no se adapta a las características de determinados tipos de trabajadores y empresas.
Datos recientemente producidos por el INDEC -recuerda IDESA- sugieren que gran parte del empleo no registrado respondería a esta segunda explicación. Esto estaría indicando que la lucha contra el empleo no registrado no mostrará mejoras sustanciales si no media un cambio en la política laboral.
Para avanzar hacia niveles de mayor integración social resulta imprescindible encontrar una solución al problema de la informalidad laboral. Sin embargo, el éxito de una estrategia de inclusión requiere un adecuado entendimiento de cuáles son los factores que la originan. En este sentido, datos oficiales recientemente producidos a través de un módulo especial de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC hacen un aporte importante a la discusión. Si bien la información tiene limitaciones –como, por ejemplo, sólo se refiere a la región metropolitana– es un aporte relevante que ayuda a identificar los factores que explican la insuficiente calidad y cantidad de empleos que genera la economía argentina.
Según este relevamiento, el 46% de los ocupados entra en alguna variante de informalidad. Dentro de ella, prácticamente, la mitad serían trabajadores por cuenta propia, del servicio doméstico o trabajadores contratado “en negro” en la administración pública. La otra mitad corresponde al empleo asalariado “en negro” generado por empresas privadas. La información permite tipificar el empleo privado en función de tres grandes categorías:
• Un 54% del empleo asalariado privado es “en blanco” y lo generan empresas que siempre otorgan facturas o tickets en sus ventas y tienen todo su personal “en blanco”.
• Un 13% del empleo asalariado es “en negro” y lo generan empresas que nunca emiten una factura o tickets en sus ventas y tiene todo su personal “en negro”.
• El 33% restante del empleo asalariado lo generan empresas que no siempre dan factura o ticket cuando venden, y/o no tienen todos sus trabajadores “en blanco”.
En otras palabras, poco más de la mitad de los empleos los generan empresas privadas que operan en la formalidad plena, es decir, tienden a cumplir con las principales normas laborales y tributarias. En la mayor parte, se trata de empresas grandes y medianas.
En el sentido opuesto, un 13% del empleo asalariado privado es generado por empresas que operan en la total ilegalidad, tanto laboral como tributaria. En este caso, prevalecen las microempresas con hasta 5 trabajadores.
Finalmente, se observa que un tercio del empleo es generado por empresas “grises”. Esto es, cumplen sólo con una parte de las normas tributarias y laborales. Su forma de operar es la semi-legalidad aunque con una fuerte propensión hacia los incumplimientos. Por ejemplo, estas empresas tienen aproximadamente el 70% de sus trabajadores “en negro”. Cabe interrogarse entonces si, ¿Se trata mayoritariamente de conductas motorizadas por la noción poco ética del lucro basado en el incumplimiento? ¿O, alternativamente, lo que está sucediendo es que se hace muy complicado –tal vez imposible– para esta empresas cumplir con todas las normas legales (impositivas, regulatorias, laborales y de seguridad social)?
Seguramente se trata de una combinación de ambos fenómenos. Pero al observar el tamaño de estas empresas “grises” surge que un factor causal de sus incumplimientos serían sus debilidades administrativas y financieras. Del total del empleo que generan estas empresas, un 38% pertenece a microempresas con menos de 5 trabajadores y otro 42% son pequeñas empresas con entre 5 y 40 trabajadores. Esto significa que las empresas más grandes trabajan generalmente en la formalidad y las microempresas en la informalidad. En el medio, una gran cantidad de pequeñas empresas lo hace en una nebulosa de semi-formalidad.
El paso decisivo es generar un entorno regulatorio amigable donde la protección al trabajador sea consistente con las limitadas posibilidades administrativas y financieras prevalecientes en esta parte del tejido productivo, concluye el informe de IDESA.
