Las transferencias del Estado Nacional a Yacimientos Carboníferos Río Turbio siguen aumentando mientras los ingresos operativos de la empresa caen. En lugar de utilizar los fondos públicos para promover la reconversión de un sector en crisis se monta un esquema muy oneroso y discrecional en el que la mayor parte de los recursos ni siquiera se traduce en beneficio para los trabajadores. Este es sólo un ejemplo de cómo los crecientes subsidios a empresas públicas y privadas generan impactos sociales muy negativos y muchas oportunidades de corrupción.
Una parte importante del vertiginoso crecimiento del gasto público se explica por el aumento de los subsidios a las empresas privadas y a las empresas públicas creadas y/o “reestatizadas”. Aplicar recursos públicos a esta finalidad tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la eficiencia productiva y en la distribución del ingreso, objetivos que son centrales en la agenda de políticas públicas.
Un ejemplo puntual, pero muy ilustrativo, de cómo funciona la redistribución de ingresos que producen los subsidios a empresas se puede visualizar en el caso de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio. En base a información financiera de los proyectos de ley de presupuesto nacional de los últimos tres años y datos de empleo de la Secretaria de Hacienda se puede aproximar el siguiente cuadro de situación:
· Los ingresos operativos de la empresa vienen en caída y se proyecta para el 2008 que se ubicarán en el orden de los $19 millones.
· Las transferencias del Estado nacional hacia esta empresa vienen en aumento y se proyecta que para el 2008 la empresa requerirá $278 millones.
· Como en la empresa trabajan aproximadamente 1.200 personas, el Estado está transfiriendo aproximadamente $19 mil por mes por cada trabajador.
Los datos son muy sugerentes. Los ingresos propios de la empresa representan apenas un 7% de las erogaciones públicas que demanda su funcionamiento. Pero lo más importante es que no todos estos recursos se destinan al pago de salario. Sólo 1 de cada 3 pesos que transfiere el Estado como subsidio se estaría destinando a remuneraciones. Esto implica que se están usando fondos públicos para sostener una actividad de dudosa viabilidad y donde los trabajadores reciben una parte menor del subsidio estatal. El resto se destina a financiar compras de cuestionable legitimidad.
Las consecuencias sociales son muy negativas. No sólo porque los recursos públicos se desvían a finalidades que poco tienen que ver con los intereses de los trabajadores y la región, sino también porque el final es previsible. O bien termina en un escándalo de corrupción que hará políticamente inviable seguir transfiriendo esos fondos fondo públicos –como fue el caso de la valija con droga que abortó el proyecto de consolidar una empresa aérea estatal– o en algún momento futuro de menos bonanza fiscal resultará imposible seguir financiando semejante nivel de transferencias. Cualquiera sea la variante, al final se harán explícitos los costos de no haber usado los fondos públicos más inteligentemente promoviendo proyectos productivos auto-sustentables.
También son irritantes las injusticias con relación a otras regiones del país. Muchas ciudades y pueblos del interior del país, especialmente en el norte argentino, se encuentran en situaciones de total desamparo sufriendo tanto o mayor vulnerabilidad económica y social. Sin embargo, no sólo que no reciben este tipo de subsidios, que son altamente desaconsejables, sino que además sufren políticas muy discriminatorias. Los ejemplos abundan. Se impone un sistema tributario muy distorsivo bajo el argumento de la preservación de la holgura fiscal, soslayando que está haciendo inviable el desarrollo de los proyectos productivos formales en estas zonas rezagadas que no tienen la competitividad de la Ciudad de Buenos Aires, la pampa húmeda o la Patagonia. Operan en el mismo sentido las carencias en materia de infraestructura básica de saneamiento, rutas, puertos y pasos a países vecinos. Yacimientos Río Turbio recibe menos del 8% de las transferencias a empresas públicas y representa una proporción ínfima de los subsidios a otras empresas. Es un caso puntual y está lejos de ser el más importante. Pero su lógica es muy ilustrativa de los costos económicos y sociales que produce esta orientación en la gestión pública.
La pertinencia de subsidios a empresas no debería tomarse como un tema ideológico. Con imaginación y audacia se podría usar la misma masa de recursos que se destina a subsidiar empresas públicas y privadas para promover el desarrollo sustentable y equitativo. Esto implicaría cerrar ventanas donde se alimentan prebendas tras el manto de fines supuestamente sociales y abrir las puertas para aumentar las oportunidades de empleo a partir de mejoras en las condiciones de la producción. Disminuyendo la presión impositiva, mejorando sustancialmente la calidad del gasto público y dando señales de transparencia en la gestión pública es como los Estados modernos siembran las semillas del desarrollo social.
