Las asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo porteña criticaron ayer la medida de la AFIP, por la cual se controlará a los consumidores que gasten $ 3000 o más por mes con tarjetas de crédito, y pidieron que el organismo que dirige Ricardo Echegaray ponga la lupa sobre los grandes contribuyentes.
Las entidades señalaron que el piso fijado por el organismo es muy bajo, si se tiene en cuenta que muchas personas tienen, además de varias tarjetas, un par de adicionales para familiares y que muchos usan los plásticos para diferir gastos a los que no pueden hacer frente con efectivo.
De acuerdo con lo dispuesto por el organismo en la resolución 2743, publicada anteayer, las empresas emisoras de tarjetas de crédito y de compra deberán dar información al organismo sobre los clientes cuyos consumos superen los 3000 pesos mensuales. Se computarán a tal efecto los montos pagados por un mismo titular con diferentes plásticos y adicionales. Los datos serán cruzados con las declaraciones de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales de los contribuyentes para detectar si hay inconsistencias.
Susana Andrada, directora del Centro de Educación al Consumidor (CEC), sostuvo que “desde el punto de vista lógico y práctico, un control de la AFIP no está mal. El problema -continuó- es que el piso es absurdamente bajo y va a afectar al 80 por ciento de la clase media”.
Andrada dijo que muchas personas pagan directamente sus cuentas (seguros, gas, luz, cuota del colegio o del club, celulares o el supermercado, entre otros consumos) a través de la tarjeta de crédito, y esto se multiplica cuando varios familiares tienen adicionales de un mismo titular.
“Que haya control está bien. Pero hay que ver si esto en realidad está persiguiendo a la clase media, que tiene habitualmente las cosas en regla, o hay que buscar dentro de otros parámetros”, indicó la directora de CEC.
“Además, es normal hoy que muchas tarjetas de crédito o bancos alienten el consumo con la tarjeta, y después pasa que caen con todo el peso de la ley sobre el consumo”, alertó.
La defensora adjunta del Pueblo y defensora del Cliente Bancario de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, dijo que es una medida “más destinada a castigar al trabajador que se financia con tarjetas, ya que los grandes evasores seguirán impunes”.
La funcionaria tildó de “absurdo” el monto mínimo establecido, teniendo en cuenta “lo que gasta una familia tipo en cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, salud, educación, servicios públicos; en más de una de ellas este monto será superado”.
Mínimo “aceptable”
En este sentido, opinó que “un monto mínimo aceptable sería 10.000 pesos”, y destacó que muchas personas prefieren las tarjetas para no llevar efectivo y evitar riesgos.
Y planteó que la medida, al dejar impunes a los grandes evasores, resulta “improvisada y antidemocrática, que se podría traducir en la intención de generar una recaudación fiscal rápida”.
Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), indicó: “Me parece que no es significativo económicamente el control sobre un sector de los consumidores, cuando la evasión se da en niveles mucho más importantes en el área de la industria y el comercio”.
“Todo el mundo sabe que hay un 30 por ciento de la economía en negro. Poner la lupa sobre el sector de los consumidores no es incorrecto, pero debería ser homogéneo a todos los contribuyentes. Por eso, primero habría que apuntar a los de mayor nivel económico, o sea, a las empresas, y no al consumidor final”, sostuvo.
