Los fraudes corporativos, definidos como la traición a las expectativas de trato justo por parte de seres humanos iguales, son un fenómeno creciente en el actual escenario competitivo.
Mientras que el 66% de los ejecutivos considera que podría ser víctima de fraude en la Argentina, el 41% confirma haberlo sido, índice que se incrementó desde el 33% reportado en la encuesta anterior (2003/2004). Estos son algunos de los hallazgos más relevantes del informe del período 2007/2008, desarrollado por KPMG Argentina, “Corrupción y Fraude en los Negocios”.
Esta encuesta se realizó para conocer la incidencia y el impacto de esta problemática en el sector privado y abarcó una muestra de más de 1400 directivos de empresas que operan en la Argentina, son representativas de diversos sectores e industrias, han registrado ingresos anuales desde menos de 10 millones hasta más de 500 millones de dólares y emplean entre menos de 50 y más de 500 empleados.
Según Gerónimo Timerman, Socio a cargo de Forensic Services de KPMG para el Cono Sur, esta percepción de vulnerabilidad relevada en nuestro país es consistente con los datos que surgen de las encuestas efectuadas por KPMG en otros países de la región. Tales estudios indican que los fraudes producidos por empleados de la propia compañía, alcanzarían el 58% en Brasil, el 46% en México, el 37% en los Estados Unidos y el 31% en Chile.
Los encuestados indican que la deficiencia de los controles internos es la principal debilidad que facilita estos actos de corrupción que son cometidos, en su mayoría (53% de los casos), por un miembro de la propia empresa.
En línea con esto, Timerman recalcó el rol clave que cumplen los controles internos a la hora de evitar que sucedan estos hechos, así como la importancia de detectarlos en forma oportuna.
Por otra parte, el socio de KPMG comentó que, en escenarios de crisis de proporciones tales como las que estamos enfrentando actualmente, los responsables de comandar las compañías no pueden desentenderse de un riesgo que no va –al menos en lo inmediato– a disminuir, sino todo lo contrario. Las mayores presiones por cumplir metas altas impuestas por las casas matrices y las oportunidades que posiblemente brinden cambios en los controles internos durante los procesos de downsizing para reducir costos, agravarán esta situación.
Según los datos relevados, los sectores más vulnerables al fraude son los de productos industriales y servicios financieros (seguros y bancos), y el uso indebido de fondos encabeza la lista de casos reportados de estos ilícitos, que son percibidos como una característica de la cultura de negocios argentina.
En línea con esto, el 80% de los encuestados considera que las compañías con las que compiten ignoran conductas éticas para lograr sus objetivos generales. Esto indicaría que si bien estas conductas contrarias a la ética –como el cobro de sobornos y/o retornos– son asociadas con la administración pública, la problemática de la corrupción afecta a todo el entramado social.
Además el informe de KPMG Argentina permitió determinar que el 31% de los casos de fraude detectados fue cometido por la alta gerencia de la compañía.
Acorde con los tiempos actuales, el fraude ha derivado en formas complejas, como los delitos informáticos. El dato preocupante es el profundo desconocimiento que se registra aún sobre este tipo de ilícitos. Tal es así que el 97% de los encuestados no ha tenido noticias de fraude high tech en su organización.
Considerando que no todos los fraudes pueden ser evitados por los sistemas de prevención de las compañías, éstas deberían contar con un efectivo sistema de detección, que permita su identificación temprana. Un dato clave arrojado por el informe indica que, para la mayoría de los encuestados, en nuestro país los fraudes se descubren accidentalmente.
Por otra parte, el estudio indica que la alta percepción de vulnerabilidad al fraude (el 66% de los encuestados comentado inicialmente) se vincula con una visión escéptica del accionar de la justicia. Ante denuncias de algún tipo de fraude o corrupción, en el 73% de los casos no se llegó a ninguna condena.
Este dato se encuentra en línea con el que indica que en el 62% de los casos las empresas no lograron recuperar las pérdidas ocasionadas por las conductas delictivas. A pesar de estos ratios desalentadores, Timerman destaca que “el objetivo principal de llevar a cabo una investigación que concluya con identificar y sancionar a los responsables no debería limitarse al recupero de los activos, sino focalizarse principalmente en dar un mensaje claro al interior de la compañía y a terceros con relación a la no tolerancia de este tipo de situaciones por parte de la organización”.
En este sentido, el tono ético de la organización debe partir de los niveles superiores hacia los niveles inferiores. Además, resulta de vital importancia contar con políticas efectivas para dar respuesta a sospechas de comportamientos contrarios a la ética e implantar políticas para administrar el riesgo de fraude. Así, cuanto más fuerte sea el sistema contable y más claras las políticas y los procedimientos de la organización, menores serán los riesgos de una conducta indebida.
Frente a este panorama, es importante ubicar esta problemática dentro del conjunto de la sociedad, desde donde deberá surgir una respuesta planificada. Solamente una reacción coordinada del conjunto permitirá mejorar las relaciones de intercambio y asegurar el crecimiento de la economía y, por ende, del bienestar general.
