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FAIMA destaca el avance que marca la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en el sector forestoindustrial argentino

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La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines- FAIMA-, reconoce el avance que marca la Ley Nº 26.331 en cuanto a la Protección ambiental de los bosques nativos y espera que, como expresa el espíritu del cuerpo normativo, impulse un proceso a través del cual la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como Autoridad de Aplicación, brinde la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos existentes en cada una de las provincias argentinas.

“Esta ley es una clara señal hacia el desarrollo del país en materia forestal e industrial, siempre sin descuidar las tendencias actuales que impone el mundo en materia medioambiental”, consideró Pedro Reyna, Vicepresidente de FAIMA.

“En cuanto al impacto sobre las principales líneas estratégicas de trabajo, creemos y esperamos que el mismo sea positivo. Junto con la Ley Nº 25.080 y otras normas afines, esta ley integra un conjunto de herramientas que hacen a la construcción de una Política Forestal de largo plazo en la Argentina, pero que aún es incipiente en términos de desarrollo competitivo del sector cuando lo enfrentamos necesaria y comparativamente con los principales países forestales a nivel mundial”, destacó Reyna.

En cuanto a la redacción del decreto reglamentario, cabe destacar que simplifica los esquemas de implementación, operatividad y financiamiento y busca instaurar un esquema descentralizado con las jurisdicciones provinciales.

Además, se crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, la partida presupuestaria necesaria para el funcionamiento del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, instituido por la norma. Mediante la disponibilidad de fondos, se facilitará a las provincias a mantener sus recursos boscosos, como activos ambientales que representan. El propio articulado de la norma reserva un fondo compensador de alrededor de 1.000 millones de pesos, de los cuales el 70% será destinado a los propietarios de bosques y el 30% restante a las provincias que hayan sancionado, mediante ley provincial, su Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.

En este sentido, cada jurisdicción deberá establecer taxativamente cuáles serán las áreas a conservar como intangibles (áreas rojas), cuáles las que se podrán someter a aprovechamiento racional y regulado para garantizar la sustentabilidad de los recursos (áreas amarillas) y por último, aquellas que por carecer de valor ecológico estratégico, puedan ser sometidas a conversión y destinadas a otras actividades productivas, todas respondiendo a una serie de criterios de sustentabilidad establecidos por la propia Ley de Bosques Nativos.

La aplicación de esta norma, a través de su decreto, permite también entre otros puntos, el fortalecimiento institucional en los ámbitos nacional y provinciales, el avance de mecanismos de promoción para mejoras en determinados procesos productivos e industriales en el sector empresario, el impulso de estudios de base que siempre son necesarios para ampliar el conocimiento sobre los recursos forestales y la posibilidad de disponer de recursos económicos y financieros para la valoración y consolidación a futuro de un mercado de servicios ambientales.

Otra señal positiva y a destacar es el acuerdo firmado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el cual a partir de ahora, brinda “un espacio institucional desde donde abordar los problemas y las soluciones que deriven de una práctica productiva, en equilibrio con la ecuación producción – ambiente, capaz de generar inclusión social y fuentes de trabajo en distintas regiones del país”, según textuales palabras del Secretario de Ambiente, Dr. Homero Bibiloni.

“Esto obviamente también es bien recibido por el sector siempre y cuando permita la concreción de resultados tangibles en un tiempo razonable, pero que a su vez se mantengan en el largo plazo”, agregó Reyna.

Desde el inicio del proceso participativo en 2007, que produjo una nueva normativa en materia de protección y aprovechamiento sostenible de los recursos boscosos nativos de la Argentina, FAIMA se ha manifestado a favor de medidas basadas en la racionalidad, tratando de buscar por todos los medios posibles el equilibrio en la ecuación de generar riqueza para la sociedad y proteger a su vez el medio ambiente, en coincidencia con lo expresado días atrás por la Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

La propia naturaleza de las empresas que conforman las cámaras asociadas a FAIMA hace fundamental entender claramente este concepto, ya que las mismas basan su desarrollo principalmente en el abastecimiento permanente y sostenido de materia prima originaria en gran parte de nuestros bosques nativos.

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