Inicio Empresas y Negocios Gobierno corporativo en el sector público, ¿es posible?

Gobierno corporativo en el sector público, ¿es posible?

En el sector privado, es común escuchar el concepto de Gobierno Corporativo, como el sistema por el cual las compañías son dirigidas y controladas.

Pero, mientras que en el sector privado, los integrantes del Gobierno Corporativo (Directorio, Gerencia, Auditor Externo y Auditor Interno) representan distintos intereses, en la esfera pública todos pertenecen al mismo dueño: el Estado.

Esta limitación constituye una diferencia entre ambos sectores que se agrega a las ya definidas por la CLAD (Comisión Latinoamericana para el Desarrollo).

Diferencias entre el sector público y el privado

Objetivos: En el ámbito privado, el objetivo es el lucro. En el público, el bienestar de la sociedad.

El proceso decisorio: En el sector privado, las decisiones son tomadas por muy pocas personas. En el público, intervienen muchos individuos (o varias instituciones).

Legitimidad: En el sector privado, la legitimidad de una organización se manifiesta a través de su supervivencia en el mercado, debido a la calidad de sus productos, etc. En la esfera pública, por el contrario, la existencia de una organización es establecida por la ley. El voto democrático asiste a la legitimidad de la organización.

Crisis: Una crisis económica puede causar la quiebra de una entidad privada. En el sector público, sin embargo, las instituciones no quiebran (y mucho menos el Estado).

Las restricciones del Gobierno Corporativo en el sector público

Por todas las diferencias expresadas en el apartado anterior, gobernar una entidad pública no es lo mismo que administrar una empresa.

Asimismo, existe una serie de limitaciones que dificultan la implementación inmediata del concepto de Gobierno Corporativo en el sector público. Estos factores se vinculan con la realidad operativa en la que se inserta el concepto de Gobierno Corporativo en la esfera estatal:

Estructura de control: Suele depender totalmente del Poder Legislativo o del Legislativo y el Ejecutivo en forma combinada (control externo y control interno).

Partidos políticos: Falta de desarrollo de capacidades individuales para el gobierno, que resulta en una formación política carente de conocimientos de principios de administración.

Formación de funcionarios públicos: Ausencia de una escuela de formación de los diversos niveles de la administración pública y de un proceso profesionalizado de selección de personal. Los sindicatos suelen influir en la incorporación de personal y en los concursos internos.

Organizaciones no gubernamentales: Suelen carecer de independencia de criterio respecto del partido gobernante.

Práctica de la accountability: Ausencia de procesos estables de rendición de cuentas de la gestión bajo la concepción de “accountability” (capacidad del funcionario público de responder por la responsabilidad asignada y dar cuenta de la utilización de los recursos).

Más allá de estas restricciones, es posible adoptar técnicas propias de la actividad privada.

Esto es lo que hoy recibe el nombre de Nueva Gerencia Pública, que analistas y cientistas sociales se han dedicado a estudiar, y que permite trabajar sobre nuevos modelos de administración.

Las limitaciones expresadas anteriormente tornan difícil la implementación inmediata del concepto de Gobierno Corporativo en el sector público, proceso que, seguramente, tomará un largo tiempo.

Mientras tanto, el auditor interno puede incrementar o mejorar las bases de sustentación que hagan factible, en un futuro, la instalación y pleno funcionamiento del Gobierno Corporativo, en particular con la práctica del principio de responsabilidad de la gestión del funcionario público y la rendición de cuentas de la gestión (accountability).

¿Cuál es, entonces, el rol en el que debiera centrarse el auditor?

La auditoría interna es una función que debiera contribuir a la instalación de los principios generales de gobierno en toda entidad (tanto pública como privada), teniendo en cuenta que sus tareas básicas son: evaluar, detectar, disuadir y prevenir posibles fraudes, acciones ilegales, ineficiencias e incumplimientos normativos.

Así, el auditor interno debiera hacer respetar los principios generales de gobierno:

1) Respeto de la ley

2) Definir una dirección

3) Instalación de la ética e integridad del personal

4) Transparencia

5) Probidad

6) Imparcialidad y equidad

7) Eficiencia y efectividad

8) Incentivos al personal

9) Accountability

A tales efectos, el rol del auditor interno debe asentarse sobre el reconocimiento y práctica de la profesión y de la organización, la confianza y el valor de la función de auditoría interna y, en base a todo ello, convertirse en agentes de cambio.

Para lograr ese objetivo el auditor interno debe centrarse en la gestión del riesgo, adoptando un enfoque basado en procesos.

Para ello debe proceder al relevamiento y análisis de todos los procesos de la organización y verificar la coherencia con los procedimientos internos de la entidad.

Los resultados deben concluir en el análisis de los riesgos de cada proceso para luego discutirlos con los responsables de los mismos, a fin de asesorarlos y generar sinergia entre el auditor interno y el futuro auditado.

En la medida en que se conocen e identifican los procesos, se pueden conocer los riesgos inherentes, evaluar la efectividad de los controles, y documentarlos para la creación de normas y metodologías.

El Mapa de Riesgos resultante permite generar el planeamiento de auditorías basado en los principales riesgos detectados y evaluar la administración de riesgos llevada a cabo por los distintos responsables.

En la medida que esto pueda llevarse adelante sin interferencias, el auditor interno estará contribuyendo a que quien debe tomar decisiones conozca los riesgos de cada procedimiento y pueda minimizarlos, ayudando a la eficacia y eficiencia de la organización pública.


Fuente: Materia Biz

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