Según estimaciones privadas confiables, hay entre 3.2 y 3.5 millones de trabajadores no registrados o “en negro”. No cuentan con un seguro de accidentes y enfermedades del trabajo que los ampare en caso de infortunio, obra social, ni jubilación. Su salario es, en promedio, la mitad del de un trabajador registrado y carecen de acceso al crédito.
Si bien el problema no es nuevo, se ha ido agravado paulatinamente en los últimos años y las inspecciones laborales se han demostrado insuficientes e ineficaces para revertir la ecuación.En 2008 se dictó la ley 26.476 que instrumentó una moratoria para intentar que los empleadores inscribieran a los trabajadores en situación irregular.
Según lo informado en estos días, sin mayores precisiones, se habrían regularizado 313.000 trabajadores. Esto es un poco menos del 10% del total de los trabajadores no registrados. Como es fácil advertir, con esa progresión se tardaría un poco más de 10 años en regularizar la situación laboral de los trabajadores “en negro”, presuponiendo que su número se mantuviera estable. El fracaso de la moratoria se debe a que no se han evaluado correctamente las causas de la cuestión.
No se trata de una irracional tendencia al encubrimiento laboral, sino que el fondo de la problemática se relaciona con la sustentabilidad económica. En efecto, según un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina, el 75% de los trabajadores no registrados pertenece a empresas que tienen menos de 10 empleados y el 55% trabaja en empresas de menos de 5 empleados.
Se trata, en su inmensa mayoría, de empresas que carecen de recursos, no sólo para pagar las cargas sociales y afrontar el costo de la registración (como la contratación de especialistas en liquidar sueldos, pagar indemnizaciones y otros costos) sino también para pagar la multiplicidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales. La combinación de la presión impositiva asociada a las cargas sociales se torna insoportable para esos emprendimientos que reúnen a un importante sector productivo.
El problema de estas empresas no es sólo la deuda pasada, sino, y fundamentalmente, la imposibilidad futura de pago una vez incluidas en el sistema. Los costos que deberían afrontar les son sencillamente insoportables.
Una cuestión derivada es que dichas unidades sufren un paulatino deterioro tecnológico y de oportunidades ya que no pueden actualizarse al no poder acceder al crédito que es uno de los motores de la economía.
Por ello se debería apuntalar la base económica de tales empresas a y actuar con criterios prácticos y realistas, dictándose un estatuto integral. Debería incluirse un régimen laboral de baja complejidad que reglamente y facilite el sistema de despido, las reformas impositivas y de cargas sociales de aplicación sencilla, y que no requieran de especialistas que encarezcan el sistema. Convendría que el Estado promueva créditos para la actualización tecnológica y capacitación de los empresarios y trabajadores del sector, para dar un paso vital hacia la inclusión social de un número relevante de trabajadores.
