El presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Pablo Perelmuter, advirtió hoy que “para crear un nuevo marco regulatorio del servicio de telefonía celular serio y profesional no sólo se debe consultar la opinión de los usuarios sino que el Estado debe contemplar también el punto de vista de las pymes proveedoras del sector”. Al respecto, el dirigente propuso “convocar a audiencias públicas en las que puedan expresar su opinión los usuarios, pero también lo hagan los profesionales, ingenieros y empresarios pymes que pueden sumar un punto de vista que permita profesionalizar el marco regulatorio”.
El presidente de CAPPITEL alertó además que “el nuevo reglamento será incompleto sin escuchar la voz de las pymes, que son las que más conocen el sector y sus puntos débiles donde hace falta apuntar para mejorar el servicio de telecomunicaciones en general”.
En cuanto a la consulta que se realiza a través de la página http://www.usatuvoz.gob.ar/home.php, Perelmuter cuestionó que “deja afuera la opinión de aquellos usuarios de telefonía móvil que no tienen acceso a Internet y que también tienen derecho a aportar su punto de vista, quejas y cuestionamientos sobre el servicio”.
No obstante, el dirigente empresario sostuvo que “es necesario que se empiece a debatir la calidad de los servicios en general, comenzando por la telefonía celular que afecta tanto a proveedores de las operadoras como a los usuarios, sobre todo ante las reiteradas interrupciones de servicio como la acontecida esta semana, que por su magnitud se difundió en los medios, pero que se dan habitualmente aunque de menor impacto en la cantidad de abonados perjudicados por el evento” y, en este contexto, destacó que “escuchar la opinión pública es sumamente importante”.
En el mismo sentido, el presidente de CAPPITEL también advirtió que “falta una convocatoria por parte del Gobierno nacional a una mesa de diálogo en el sector de las telecomunicaciones, como sucede con otras ramas de la industria que son convocadas para debatir soluciones sectoriales entre Estado, empresarios y trabajadores y que, en este caso, debería incluir a los usuarios”.
