La “portabilidad numérica”, una frase complicada para referirse al derecho del usuario de telefonía móvil a conservar su número cuando cambia el operador, deberá ser reglamentada e implementada por el Estado en 90 días.
Así lo establece un fallo de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, difundido este lunes.
La decisión, firmada el 30 de junio, confirma una sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción colectiva promovida por la Unión de Usuarios y Consumidores.
La medida ordena a la Secretaría de Comunicaciones reglamentar la portabilidad, establecida en el decreto 764/2000, durante el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, que fue firmado para abrir el mercado.
El Estado tiene un plazo de diez días para apelar en la Corte. La Cámara fundamentó su fallo en que “los usuarios son titulares del derecho a llevar su número” y “ese derecho no está supeditado a la discreción del Ejecutivo”.
El fallo de primera instancia, dictado el juez Lavié Pico en marzo de este año y ahora ratificado en segunda instancia, autoriza a los usuarios a mantener su número telefónico.
Según el decreto del 2000, la portabilidad numérica “es la capacidad que permite a los clientes mantener sus números cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en la que recibe el servicio”.
