En el marco del muy buen desempeño de la actividad económica, la proporción de los asalariados contratados “en negro” sigue por encima del 40%. La informalidad es una de las principales distorsiones que afectan al mercado de trabajo. Entre los principales factores que la explican están los elevados niveles de imposición sobre los salarios. En Argentina, esta presión supera incluso a la observada en varios países desarrollados. Por eso, resulta crucial reducir las presiones impositivas y administrativas para adaptarlas a las realidades de las pequeñas empresas, que es donde se concentra la mayor parte del empleo “en negro”.
Mientras la actividad económica sigue creciendo a tasas muy elevadas, los indicadores laborales, como es previsible, muestran tendencias favorables. Sin embargo, aún considerando estos signos positivos, luego de cuatro años los problemas en el mercado laboral siguen siendo muy graves. Una manifestación clara en este sentido es que el INDEC calculó para el primer trimestre del 2007 que el empleo asalariado no registrado llega a 41,5%, siendo en algunas ciudades del interior del país superior al 50%.
La informalidad laboral responde a varios factores causales. Uno de ellos es la brecha entre el costo salarial que debe pagar el empleador y el salario “de bolsillo” que llega al trabajador. Cuando esta brecha se amplía, los incentivos para que los agentes económicos operen por fuera de la ley se potencian. Una idea sobre cuán alta es esta brecha en la Argentina, surge al compararla con la que prevalece en los países más desarrollados. Según datos de la OECD referidos al año 2006 y estimaciones propias:
” La brecha promedio entre el costo laboral que debe pagar el empleador y el salario “de bolsillo” que llega al trabajador en los países desarrollados es de 37%. El cálculo considera impuesto a las ganancias y cargas sociales.
” En algunos países, como es el caso de Nueva Zelanda, la brecha es de apenas el 21% y se explica sólo por impuesto a las ganancias dado que las cargas sociales son 0%.
” En Argentina, tomando sólo el costo que generan las cargas sociales, esta brecha supera el 32% del costo laboral.
Los datos señalan que quienes quieren contratar un trabajador “en blanco” en Argentina tienen que enfrentar un nivel de impuestos sobre el salario no muy diferente al que prevalece en los países desarrollados. La incoherencia es que estos países tienen niveles de productividad sustancialmente más elevados que la Argentina. Por ejemplo, el Producto Bruto per Capita de Argentina es prácticamente la mitad del de Nueva Zelanda, pero se pretende cobrar imposiciones que son un 50% más altas que en este país.
Cuando los niveles de impuestos al salario son altos y no guardan coherencia con los (bajos) niveles de productividad prevalecientes, fatalmente, se produce el surgimiento y la permanencia crónica de la informalidad. En el sector público y en las empresas privadas más grandes las normas pasan a cumplirse parcialmente. Se apela profusamente a los componentes “no remunerativos” reduciendo la presión impositiva por la vía de pagar parte del salario “en negro”. Esto se puede hacer bajo el amparo de alguna disposición (por ejemplo, los convenios colectivos) o pagando de manera ilegal sin incluirlo en la liquidación oficial del sueldo.
También es frecuente encontrar que se simula el contrato de trabajo bajo la figura jurídica de un contrato de locación (monotributista) y por esa vía se reducen las cargas sociales. Entre las pequeñas empresas directamente se apela al incumplimiento total. Esto explica que el 88% del empleo no registrado esté concentrado en empresas con menos de 25 trabajadores.
Los efectos económicos y sociales son muy negativos. Se degrada el clima laboral y la seguridad jurídica ya que se incumplen normas o se apelan a figuras jurídicas que orillan la ilegalidad. Tampoco es una ventaja para el sistema de seguridad social porque los impuestos altos no garantizan financiamiento abundante. Una importante parte de la recaudación potencial se “licua” con estos mecanismos de elusión (pagos de no remunerativos y “en negro”, contratación como monotributistas) o de evasión (contrataciones “en negro”). No es casualidad que las cargas sociales representan apenas el 40% de los ingresos de ANSES. El resto proviene de otros impuestos como IVA y ganancias.
La experiencia de estos cuatro años demuestra que confiar en que el crecimiento económico resolverá el problema de la informalidad no es una buena estrategia. Al ritmo actual de reducción se necesita varios años -en algunas regiones del interior del país, décadas- para lograr niveles tolerables de informalidad. Por el contrario, se podrían lograr resultados más rápidos y contundentes, si junto con mejores controles se apunta a generar un ambiente amigable con los emprendimientos productivos. Simplificar, eliminar focos de litigiosidad y bajar la presión impositiva poniendo énfasis en las pequeñas empresas es la clave.
