El sector asegurador hace su advertencia: los precios de las pólizas, sobre todo las del seguro de automóviles, seguirán encareciéndose en buena parte del mercado. Las razones: el aumento de la cantidad y del costo de los siniestros, y la vigencia de una regulación que no permitirá que las compañías trabajen a pérdida. También se suma un elemento que obligará a conseguir recursos para inyectar capitales: el impacto de una decisión de los jueces del fuero civil que elevaría los montos de las sentencias judiciales. Según algunas fuentes del sector, las subas de precios necesarias para equilibrar los números del mercado rondaría el 20% en promedio, aunque la situación es muy variable según la compañía.
En los últimos años, muchas firmas compensaron pérdidas del negocio con ganancias financieras. Pero una resolución de la Superintendencia de Seguros obliga ahora a las compañías con resultados operativos negativos a revertir ese signo, como medida tendiente a garantizar la capacidad de pago. Los caminos posibles son capitalizar, bajar costos o subir precios.
Según los últimos datos de la Superintendencia de Seguros, de 179 compañías, 98 tuvieron pérdidas al 31 de diciembre último. Según dijo a LA NACION el superintendente de Seguros, Gustavo Medone (ver aparte), los resultados del trimestre cerrado el 31 de marzo muestran una situación mejor.
La nueva regla de no vender a pérdida fue, por lo general, bien recibida en las empresas. Para Edward Lange, CEO de Allianz, la insuficiencia de precios es un hecho insoslayable. En parte del mercado, según dijo, “se cobra para cubrir la responsabilidad civil entre 700 y 900 pesos anuales, cuando debería ser el doble”. El presidente de SMG Seguros, Claudio Bellocopitt, sostuvo que la nueva norma exigirá responsabilidad en materia de tarifas. Según consideró, se tiende a evitar que se salga a “hacer caja” vendiendo a precios insuficientes.
En medio de las estrategias de ajuste, los jueces camaristas del fuero civil dispusieron en un plenario (un fallo de los integrantes de todas las salas, de cumplimiento obligatorio) que los montos de las sentencias deben ajustarse con la tasa activa de créditos del Banco Nación, del 20% anual, en lugar de la tasa pasiva (ofrecida a los ahorristas), hoy del 9 por ciento.
“El sector no tiene ni reservas ni tarifas acordes [a ese nivel de pasivos contingentes]”, sostuvo Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. De todas formas, advirtió, aún no puede calcularse el impacto, porque tras el plenario se emitieron fallos con diferentes criterios.
En algunos casos se aplica la tasa pasiva (o alguna inferior a la activa) para el ajuste del monto desde que se produjo el hecho que originó el litigio y hasta la fecha de la sentencia, y a partir de allí se calcula la tasa activa hasta que la compañía paga. En otros casos, sí se obliga a usar tasa activa para el período que va desde el hecho hasta el pago de la sentencia. Este es el criterio que dejaría a varias firmas con reservas insuficientes.
Según recordó el abogado del estudio Beccar Varela y ex superintendente, Juan Pablo Chevallier Boutell, los jueces aclararon que no se debe alterar el fin económico buscado, que es reparar un daño y no enriquecer indebidamente a alguien. Eso implica que si el monto del fallo ya tiene implícita una actualización, no habría por qué obligar a usar la tasa activa.
Conducta de pago
Lange evaluó que las compañías que quedarán más comprometidas son las que tienen muchos juicios “porque en su momento decidieron patear siniestros para pagar más adelante”. Según dijo, la situación obligará a capitalizar esas firmas y, en algunos casos, la sangría sería de hasta el 50% de los patrimonios.
Cambiar la aplicación de tasa pasiva por activa significaría, para juicios con tres años de antigüedad, una suba de los montos del 27%, y en un litigio de cinco años la suma se elevaría en un 48%, según calculó Mariana Erquicia, actuaria de Melinsky Pellegrinelli & Asociados. Pero agregó que, para analizar la necesidad de mayores reservas, “habrá que ver cómo evolucionan los criterios”.
Más allá de la incertidumbre sobre los pasivos, varios activos financieros en poder de las compañías tienen hoy normas especiales de contabilización, ya que, por la crisis financiera, la Superintendencia permitió no registrar la caída de valor de algunas inversiones. “Tenemos los activos calzados con los pasivos y no iba a haber necesidad de vender esos bonos”, explicó Pablo Bianchi, gerente de Finanzas de Zurich, quien afirmó que la medida no afecta la capacidad de pago.
Pero la norma también despertó críticas. Para Alejandro Pavlov, analista de la calificadora de riesgos Moodys, “si bien en una crisis serían razonables medidas excepcionales, alterar los valores en los estados financieros no es lo mejor, porque puede llevar a decisiones equívocas”.
