La manipulación de los precios está haciendo colapsar la gestión de los servicios públicos. Además produce inequidades irritantes como, por ejemplo, forzar a la mayoría de los hogares pobres a pagar por el servicio de gas más de 7 veces lo que erogan las familias de ingresos medios y altos. La combinación de oportunismo político y carencias de políticas antiinflacionarias y de promoción social adecuadas explican la crisis de suministros y las inequidades distributivas.
La masificación de los cortes de servicio sugieren que los problemas energéticos no son aislados o excepcionales sino la consecuencia de un desequilibrio estructural entre la capacidad de generación y la demanda. Esta crisis de suministro es la consecuencia lógica y previsible de una política basada en precios “congelados” y subsidios discrecionales que desalienta la producción y exacerba el consumo. Simultáneamente, en el manejo arbitrario de precios y subsidios se filtran irritantes redistribuciones de ingreso desde los hogares pobres hacia los sectores medios y altos.
El caso del gas para consumo residencial es un ejemplo paradigmático. El consumo de gas de las familias que acceden al suministro a través de red está fuertemente subsidiado. No ocurre lo mismo con el gas envasado en garrafas. Esto lleva a que el precio del gas envasado en garrafa sea más de 7 veces superior al precio de gas de red. Esta arbitraria configuración de precios que las autoridades han fijado tiene implícito impactos distributivos muy regresivos. Los datos de la EPH del INDEC referidos a los principales centros urbanos para el segundo semestre del 2006 ayudan a explicar el fenómeno:
· El 67% de los hogares tiene suministro de gas en red.
· Entre los hogares no pobres, el 76% accede al suministro de gas en red.
· Entre los hogares pobres, en cambio, sólo el 33% tiene suministro de gas en red. El resto usa garrafas, querosén, leña o carbón.
Las intervenciones sobre los precios del gas se supone que apuntan a beneficiar a la población morigerando el impacto que la inflación tiene sobre la calidad de vida de la gente. Sin embargo, los datos sugieren que no cualquier estrategia de intervención garantiza mejores resultados que sufrir el aumento del precio del servicio. Cuando los instrumentos utilizados no son adecuados se puede dar el caso de que “el remedio es peor que la enfermedad”.
En primer lugar, porque el supuesto beneficio de no sufrir aumentos de precios es menor a los costos que producen los cortes. Los problemas de suministro que se están observando imponen serias restricciones a la calidad de vida de las familias y a la producción de las empresas. Es decir, la manipulación de los precios está generando costos que superan ampliamente los beneficios de tener una tarifa “congelada”. En otras palabras, es mejor pagar el costo real del servicio que no tener el servicio.
En segundo lugar, porque subsidiar de manera indiscriminada a todas las familias, sin distinguir niveles de ingresos, es regresivo. Mientras las familias de ingresos altos y medios aprovechan intensamente el subsidio, la mayoría de las familias pobres no lo pueden usufructuar porque no tienen conexión de red. En el interior del país hay regiones enteras sin conexión de red, como es el caso del NEA. Los efectos son muy parecidos a los asociados a otras políticas que viene instrumentando el Gobierno. Por ejemplo, las moratorias previsionales que permiten el acceso a las jubilaciones de ANSES sin haber hecho aportes. Como las familias de más altos ingresos disponen de mejor información y mayor capacidad económica aprovechan más intensamente los subsidios indiscriminados que se suministran a través de estas jubilaciones sin aportes.
La política de precios del gas es un testimonio extremadamente ilustrativo, pero no el único, de la acumulación de distorsiones e inconsistencias. Por un lado, refleja una alta dosis de oportunismo político. Frente al aumento de costos que produjo la devaluación se optó por no trasladarlos a los precios a los fines de congraciarse con la población. Se priorizaron los dividendos políticos de corto plazo a costa de la sustentabilidad del servicio. Por otro lado, la manipulación de tarifas también refleja la falta de buenas ideas para diagramar estrategias que permitan evitar la inflación y organizar adecuadamente la producción y distribución de los servicios públicos. Por último, también se puede interpretar como una consecuencia de las carencias en materia de política social. Frente al fracaso de los programas asistenciales para aminorar la pobreza, la manipulación de precios y subsidios discrecionales es presentada como el camino alternativo para mostrar al Estado comprometido con la equidad social. Sin embargo, los resultados están mostrando que el instrumento elegido está lejos de sustituir a una buena política social.
