La consultora Ernst & Young presentó la segunda edición de la encuesta que se realiza en el país sobre el impacto del fraude en las organizaciones, en el último año el 19% de las empresas relevadas fue víctima de un fraude, el 89% considera que su empresa está expuesta a un ilícito y el 56% no lleva a cabo una política de concientización.
En relación al tipo de fraude, el 34% de los ejecutivos señaló que fue a través de la connivencia entre empleados y terceros, 31% robo de activos, 23% robo o manipulación de información, 8% fraude de estados financieros y 4% otros. Las áreas de compras (34%), finanzas (21%) contabilidad y reporting (14%) y sistemas (14%) fueron identificadas por los encuestados, como las más sensibles para la comisión de este tipo de delitos.
“El 71% de las compañías consultadas destacaron que el porcentaje del fraude sobre el total de facturación llegó hasta el 10% y el 52% afirmó que fue por montos entre 10.000 y más de 500.000 dólares”, señaló Walter Larriva, Director de la práctica de Prevención de Fraudes de Ernst & Young Argentina.
Con respecto a los autores del delito, el 61% de los encuestados sostuvo que los autores son de la propia compañía, el 19% por connivencia entre empleados y personas externas a la firma y 10% a través de un cliente. A pesar del daño, el 72% no fue llevado a juicio y el 11% se arribó a un arreglo entre las partes.
De acuerdo a la opinión de los ejecutivos, implementar un mayor control interno (25%), aumento de la moral de los trabajadores y el sentido de pertenencia (25%), menor rotación de personal en sectores clave (14%), adecuada segregación de funciones (14%), mejores salarios (13%) y estructura permanente antifraude (9%), son las seis medidas más importantes a tener en cuenta, para combatir y/o prevenir el fraude.
“Los empresarios consideran que los procedimientos más adecuados para evitar los ilícitos son en un 50% las investigaciones, el 33% análisis de datos mediante software expertos, 9% líneas de denuncia y 8% ninguno”, agregó Larriva.
El 10% considera que las disposiciones de la ley Sarbanes-Oxley contribuyen a minimizar el acontecimiento de fraude, mientras que otro 19% cree que su influencia es relativa. Para el 86% las leyes y/o regulaciones argentinas que contemplan sanciones para este delito no son una barrera de disuasión.
Por último, casi un 70% de los que respondieron reconocieron tener debilidades o no cuentan con procedimientos adecuados para la seguridad física, a la hora de identificar proveedores con los que se relaciona la compañía y que llevan a cabo tareas dentro de la misma.
La encuesta fue realizada entre más de 300 gerentes de marketing/comercial, CFO, gerentes generales y otras posiciones. El 22% de las empresas consultadas corresponden al área de servicios informáticos y consultoría, 17% Otros (Turismo, Educación, Seguridad, etc), 9% sector financiero, bancos y seguros, 9% consumo masivo, 7% inmobiliario y construcción, 7% agro, ganadero y pesquero, 7% telecomunicaciones, entretenimiento y medios gráficos, 7% industrial y manufacturero, 6% energía, químico y servicios públicos, 5% gubernamental, 3% industria farmacéutica y 1% organizaciones sin fines de lucro.
Algunos tipos de fraude
Connivencia, certificaciones de compras y servicios en cantidades y montos superiores a los realmente entregados por los proveedores.
Sobre o sub-aplicación de tasas de interés y tipos de cambio en operaciones financieras.
Garantías y veraz apócrifos, ventas inexistentes, desvío de productos de un cliente/mercado a otro. Operaciones, lecturas de medidores ficticios, conexiones/instalaciones clandestinas realizadas por personal de la compañía, etc.
Registro de operaciones inexistentes, ajustes realizados sin análisis previo por “inmaterialidad”, etc.
