La apertura es el camino correcto. Pero de las tres palancas que vuelven competitiva a una industria, solo una está en manos de quien produce.
En febrero de 2025 la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto que en 2019 había subido la tasa de estadística del 0,5% al 2,5%. El fallo lleva el nombre de la empresa que lo consiguió: “Dass Argentina”. Esa misma empresa, la única que obtuvo una sentencia sobre el fondo del asunto, cerró su última planta después de casi veinte años. Ganó el argumento y perdió la fábrica.
El caso resume un problema que excede a una alícuota. La tasa de estadística nació como un cargo por un servicio: financiar el sistema estadístico del comercio exterior. El Ejecutivo la quintuplicó por decreto; el Congreso convalidó un tope transitorio del 3% solo hasta fines de 2021 y, vencido el plazo, la tasa siguió prorrogándose por decreto —hoy hasta 2027, por el Decreto 1140/2024— sin que el Legislativo volviera a fijar alícuota. La Corte ya había establecido en “Camaronera Patagónica” (2014) que el Ejecutivo no puede crear ni modificar tributos al comercio exterior sin una ley que fije piso y techo. El expediente está hoy en la Corte y, mientras se resuelve, el importador paga.
No hace falta forzar ninguna lectura para ver el problema jurídico: es legalidad tributaria elemental. Lo interesante aparece cuando se lo mira desde la política económica. Ese tributo encarece exactamente aquello que el gobierno le pide a la industria: competir importando insumos, tecnología y bienes de capital. Ahí el asunto deja de ser de legalidad y pasa a ser de coherencia.
Porque el gobierno tiene razón en el diagnóstico y en el rumbo. Primero el orden fiscal, después el alivio tributario: el orden importa, y nada se libera de manera sostenible si antes no se corrige la causa que obligaba a sostenerlo. El punto es que esa misma lógica vale para la apertura de importaciones, y ahí se la aplica con bastante menos paciencia.
Durante décadas la Argentina resolvió su falta de competitividad con un atajo: devaluar para afuera y proteger adentro. Funcionaba como un anabólico: arreglaba en una noche lo que años de baja productividad y presión tributaria creciente no arreglaban. El músculo crecía rápido, pero no era propio. El gobierno actual no cree en esa lógica y acierta: cree en un dólar que fija el mercado y no el Tesoro, y su mensaje es directo —sean competitivos, muchachos, y si están excedidos de peso, salgan a correr—. Abre además la frontera a la competencia externa, y también ahí acierta: es el único camino hacia una economía que compita en serio. Lo que no puede pedir es que el efecto de décadas de dopaje desaparezca en una temporada.
Conviene pensar la competitividad de una industria como tres palancas —la partición es una figura, no una medición—. La primera es la única que está en manos de quien produce: productividad interna, escala, eficiencia de procesos, calidad de management. Quien reclama protección sin haber modernizado su planta no tiene un problema de transición: tiene un problema de gestión, y no hay política pública que se lo resuelva.
La segunda es el costo laboral, y no hay voluntad política que la mueva de un día para el otro: es una relación construida sobre una maraña legal que descansa en la creencia de que la sobreprotección siempre beneficia. Es una falacia difícil de desarmar porque sus beneficios son concretos e inmediatos —el trabajador percibe rápido la protección a su favor— y sus perjuicios, abstractos e indirectos —menos empleo ofrecido—, y operan justo donde la percepción humana es más débil.
La tercera son las decisiones regulatorias y tributarias, donde el Estado no depende de nadie más que de sí mismo. Es, en teoría, la más fácil. Es también donde el mismo Estado que le exige velocidad a la industria suele elegir la inercia. Con un matiz que importa: no todo tiene el mismo grado de unilateralidad, porque el Estado no es el Gobierno. Bajar por decreto una alícuota que el propio Ejecutivo fijó por decreto no es lo mismo que modificar aquello que exige una ley del Congreso o un consenso federal. Cuanto más decretable es la carga, menos excusa hay para no moverse a la velocidad que se le reclama al privado. La tasa de estadística es, precisamente, decretable.
Tres principios constitucionales convergen sobre el mismo hecho. La razonabilidad (art. 28) exige que el medio guarde relación con el fin: cargar todo el ajuste sobre la industria mientras el Estado conserva intacta su porción no lo hace. La no regresividad (arts. 75.19 y 75.22) pide que un cambio de política no desmantele condiciones adquiridas sin un sendero de salida. Y la confianza legítima reclama que quien produjo bajo ciertas reglas tenga tiempo de adaptarse cuando esas reglas cambian, aun cuando el cambio sea deseable. Ninguno de los tres le pide al Estado que no abra la economía, ni que vuelva al dólar como anabólico. Le piden algo más módico e incómodo: que la transición sea una política y no un accidente que le toca resolver a otro.
¿Qué se hace, entonces, con las importaciones? Nada distinto de lo que el propio gobierno hace con los impuestos: un sendero. Muchos industriales ya exportan y compiten con el mundo, así que la apertura no es el problema. El problema es llegar a ella sin haber corregido antes las cargas que la convierten en una carrera con la mochila puesta.
Tampoco es razonable decir, a secas, “si no sos competitivo, fundite”: hay personas e inversiones detrás de cada industria, y esa lógica no es más defendible que otras que este mismo gobierno cuestiona con razón. El rumbo está bien elegido. Lo que va a definir el resultado es el ritmo: si al final del camino queda un tendal, o una industria que compite de verdad.
Por: Patricio García Moritán es abogado y empresario.
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