Las turbulencias en los mercados financieros aumenta la pertinencia de evaluar la capacidad de respuesta del sector público frente a una eventual reversión del contexto internacional. Por un lado, está el problema de que las finanzas públicas necesitan un nivel de financiamiento que se hace cada vez más difícil conseguir. Por otro, la organización del sistema económico y los criterios para asignar y gestionar el gasto público puede llevar a que sea muy costosa desde el punto de vista social la adaptación al contexto internacional menos favorable
En las fases expansivas de los ciclos económicos muchas deficiencias en la organización del sector público quedan disimulas por la bonanza económica. Pero cuando se revierte el ciclo se explicita la vulnerabilidad. Se sufren las consecuencias económicas y sociales de la despreocupación por la racionalidad y la falta de previsión en el diseño e instrumentación de las políticas públicas. Hasta ahora se sigue de cerca las restricciones al crédito que está enfrentando el sector público. Esto es muy relevante. Sin embargo, un aspecto que no debe soslayarse es la capacidad del Estado para morigerar los efectos sociales de un eventual impacto negativo en el nivel de actividad.
¿Cómo se está preparando el sector público nacional para enfrentar una eventual reversión del contexto internacional? En base a datos de la Secretaria de Hacienda y tomando valores correspondientes a los últimos 12 meses a junio de cada año aparecen algunas tendencias interesantes:
* Los intereses de la deuda pública pasaron desde 1,5% del PBI a junio del 2004 a 1,9% del PBI a junio del 2007.
* Las transferencias al sector privado (fundamentalmente subsidios a empresas) pasaron desde 2,7% a junio del 2004 a 3,1% del PBI a junio del 2007.
* Las transferencias del sistema de seguridad social pasaron desde 5,1% en 2004 a 5,8% del PBI en 2007 sin computar el reciente anuncio de aumento, los compromisos asumidos por las moratorias previsionales y la insuficiente movilidad previsional.
Los datos sugieren que la vulnerabilidad se presenta en varias dimensiones. La posibilidad de que en un futuro exista una menor disponibilidad de crédito hace recomendable ahorrar en los periodos de bonanza para enfrentar épocas de “vacas flacas”. Sin embargo, en los años que pasaron se ha producido una disminución del superávit fiscal desde 3% del PBI a 2% del PBI en un contexto de crecimiento de la economía, crecimiento de los ingresos públicos y pagos moderados de deuda pública.
Por otro lado, se observan las distorsiones cualitativas que se produjeron en el manejo del ingreso y el gasto público. Bajo cualquier escenario, pero especialmente en contextos internacionales menos favorables, es fundamental que los ingresos públicos se generen con impuestos que no sean distorsivos para que el sector productivo los puedan cumplir aún en contextos adversos y que la organización del mercado de trabajo este adaptada para generar empleos aún con menor nivel de actividad. Igualmente importante es contar con una eficaz red de protección social. Es decir, recursos y capacidad de gestión para mantener niveles básicos de bienestar a la población ante situaciones adversas. Sin embargo, los recursos públicos se obtienen con impuestos altamente distorsivos que luego se usan para subsidiar empresas públicas y privadas, o para dar jubilaciones a personas sin aportes que en muchos casos son personas de ingresos medios y altos.
Tampoco ayuda a superar la vulnerabilidad la debilidad de la gestión publica. La fuerte “licuación” de salarios públicos que produjo la devaluación era la oportunidad para modernizar la política salarial. Por ejemplo, reestablecer el poder adquisitivo perdido a través de esquemas remuneratorios que premien a los empleados públicos con capacidades y compromiso con las funciones del Estado. Sin embargo, la política fue recuperar salarios de manera lineal manteniendo una estructura de incentivos que premia la mediocridad. A esto se suma las actitudes institucionalmente muy dañinas como las que sucedieron en el INDEC o el debilitamiento de los organismos de regulación y control.
No se observa que haya estrategias de política que permitan enfrentar los ciclos económicos adversos. Se está a tiempo de generar los mecanismos institucionales para morigerar los impactos sociales negativos. Pero se necesita racionalidad en las políticas públicas. Por ejemplo, una buena organización del sistema impositivo, del mercado de trabajo y de gestión del gasto público facilita la vida a las empresas y a los trabajadores que tienen que enfrentar condiciones internacionales menos favorables y los fondos anticíclicos sirven para acumular recursos que permitirán financiar la protección social de las familias en los momentos como los que se vislumbran con menor acceso al crédito.
