Una de las grandes divisiones en el mundo de las tecnologías de la información (TI) se registra entre los fabricantes de software propietario o privativo y de software libre.
Los primeros defienden al software comercial que es comercializado por las compañías que lo producen, cobran dinero por el producto, su distribución o soporte. Un ejemplo clásico es Microsoft y su sistema operativo Windows o su paquete de aplicaciones de oficina Office.
En cambio, los miembros del segundo bando salen a ofrecer sus desarrollos bajo licencias que respetan la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.
En una maniobra típica del judo, donde el jugador toma la fuerza del ataque del contrincante para derribarlo, las empresas de software libre argentinas aprovecharon una maniobra de sus rivales para lanzar una contraofensiva a favor de la difusión e implementación de sus programas.
Esta historia comenzó con un cambio de estrategia por parte de la entidad que agrupa a fabricantes de software comercial que luchan contra la piratería, denominada Software Legal (SL). Luego de algunos años de apostar por la educación de las empresas, en especial las Pyme, para que regularicen sus programas (ver esta nota de iProfesional.com), decidieron retomar la práctica de la ofensiva legal.
Según informaron desde SL a iProfesional.com, en los primeros seis meses del año se realizaron diversas actividades de los fabricantes junto a las divisiones de delitos informáticos de la Policía Federal Argentina, de las policías provinciales y del Poder Judicial.
En este juego entró la Business Software Alliance (BSA), una entidad mundial al estilo de SL, que presentó a principios de 2009 su portal www.bastadepirateria.com, habilitado para realizar “denuncias confidenciales sobre uso ilegal de programas de software en empresas”.
En lo que va del año se recibió un total de 58 denuncias anónimas sobre violaciones a los derechos de propiedad del software. La Argentina ocupa el tercer puesto en América latina entre aquellos países que más denuncias de piratería de software recibieron, y sólo es superado por México y Brasil, con 104 y 78 denuncias respectivamente.
“El objetivo de www.bastadepirateria.com es fomentar la legalidad y, de manera sencilla, permitir que los ciudadanos conscientes del valor social que tiene el respeto a la ley puedan reportar casos de delitos relacionados con la propiedad intelectual del software. La piratería es un problema social y económico que nos afecta a todos los ciudadanos al generar pérdidas económicas, reducir las posibilidades de generación de empleos, impuestos, creatividad e innovación en nuestro país”, explicó María de Monserrat Guitart Piguillém, asesora legal y una de las voceras de los miembros de BSA en la Argentina.
Los miembros de la BSA en América latina incluyen a empresas como Adobe, Apple, Attachmate, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Quark, Sybase y Symantec.
Pero no sólo de denuncias anónimas vive esta ofensiva: Durante el primer semestre del año, se realizaron operativos policiales y judiciales contra la piratería de software.
En los primeros 6 meses del año 2009, se llevaron a cabo 28 allanamientos en búsqueda de software ilegal en comercios dedicados la venta de computadoras: diez se desarrollaron en la Capital Federal, diez en la provincia de Buenos Aires (dos en Mar del Plata, uno en Martínez, cinco en Lomas de Zamora y dos en Vicente López); dos en la ciudad de Córdoba, dos en la ciudad de Mendoza y tres en Santa Fe (uno en Rosario, otro en la ciudad de Santa Fe y otro en Santo Tomé).
En estos seis meses, y contabilizando la totalidad de los allanamientos efectuados a comercios de armado y venta de computadoras, se secuestraron más de 420 computadoras con software pirata pre-instalado y 980 discos con copias ilegales de software, alcanzando un valor total de 3.385.200 pesos. Durante el año 2008, se realizaron 46 allanamientos en todo el territorio argentino.
Estas actividades derivaron en el procesamiento de 18 personas en el primer trimestre de este año por ser consideradas prima facie responsable del delito de defraudación contra la propiedad intelectual: 6 en Córdoba, 8 en la Capital Federal y 4 en la provincia de Buenos Aires. Otras cinco fueron condenadas a cumplir tareas comunitarias y a indemnizar a los titulares de la propiedad intelectual.
También fueron realizadas, por orden de la justicia civil, 72 diligencias probatorias destinadas a constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones de empresas del rubro pesquero, agropecuario, inmobiliario, de la construcción, financiero, de corredores de cereales y de autopartes, ubicadas en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario.
Durante estas diligencias se constataron más de 600 computadoras con software sin licenciar, generando indemnizaciones que deberán afrontar los usuarios ilegales, y que en su conjunto superan ampliamente el millón de pesos.
Contexto legal
En la Argentina, la violación a la Ley 11.723, establece sanciones penales y atribuye responsabilidad civil a quienes infringen los derechos de los creadores de software.
Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta a 6 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata. En el ámbito civil, el daño provocado al autor por la utilización indebida del software o la copia no autorizada, genera la obligación de indemnizar. En la Argentina el 73% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de la consultora IDC, citada desde SL.
Para averiguar el estado legal del software de su organización, lea esta nota que incluye un instructivo al respecto.
Cartas informáticas
Pero el panorama sumó un condimento singular: empresas pequeñas de la Capital Federal comenzaron a recibir desde hace algunos meses intimaciones de SL, enviadas a través de la base de datos de la organización Veraz, dedicada a la verificación del estado deudor de organizaciones y particulares. En la carta, se reclama a las compañías que informen a un inspector de SL el estado de las licencias de los programas informáticos que utilizan en sus computadoras.
Desde la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre (Cadesol) denunciaron que estas intimaciones llegaron incluso a compañías que tienen todo su software en regla.
¿Por qué desde SL realizan esta medida? Según los impulsores del software libre, el objetivo es marcar a los estudios de abogados de las empresas asociadas aquellas compañías que podrían estar usando software sin sus correspondientes licencias.
Las cartas de SL solicitan permiso para auditar las licencias de los programas, bajo amenazas de iniciar acciones legales. En Cadesol replicaron en forma ingeniosa con otra campaña postal donde se invita a las Pyme a migrar hacia el software libre.
La idea nació luego que una de las firmas que integran Cadesol, Xtech, recibió una de las cartas de Software Legal. Lo paradójico de este caso es que Xtech usa exclusivamente software libre.
“Si quiere saber cómo ahorrar en software para su empresa rompa la ventana”. Tal el texto impreso en la carta que comenzó a llegar a unas 9 mil compañías, radicadas en la ciudad de Buenos Aires.
Daniel Coletti, presidente de Cadesol, explicó que la campaña del sector del software libre surgió por esta acción de SL, una iniciativa que -aclaró- “está perfecta” si se toma en cuenta el punto de vista del software propietario, ya que el objetivo de la iniciativa es cobrar las licencias por los programas pirateados en las compañías.
Desde Cadesol destacaron que la presión ejercida desde el sector del software propietario les abrió la ventana para difundir lo que consideran como ventajas del software libre. “Queremos que las empresas migren al software libre y ahorren plata”, afirmó Coletti.
La cámara apunta a miles de Pyme que desconocen que sus programas puedes ser ilegales. En su carta, que llega impresa, les proponen a las empresas (de por lo menos 10 o 15 puestos de trabajo) que “si querés ahorrar y de paso sacarte de encima el problema de las licencias, migrá a software libre”.
La carta está cerrada con un sello que tiene un logo similar al de Windows, y la frase “Rompa la ventana”.
La movida del software libre apunta contra una de las fortalezas del software propietario: el escritorio de trabajo de los usuarios finales, acostumbrados al entorno Windows. Se trata de un desafío para las compañías del software libre, acostumbradas a dar servicios de redes e infraestructura.
Coletti reconoció que el eje de la campaña de Cadesol pasa por la billetera de las empresas, con el anzuelo del ahorro de costos, y no por otras características del software libre, relativas a la libertad de su uso y la colaboración entre sus usuarios.
En Cadesol armaron tres paquetes para seducir a las Pyme que tengan menos de 200 puestos de trabajo:
* Software libre sobre Windows, para empresas que no pueden reemplazar programas que corren exclusivamente sobre el sistema operativo de Microsoft.
* Software libre “a full” o completo, para compañías que pueden soportar todas sus actividades sin recurrir a programas propietarios.
* Software libre completo con acceso a software propietario en forma remota o virtual. Coletti recomendó esta opción porque permite una migración ordenada.
“La idea de esta campaña es la de ayudar a las Pyme a cambiar a software libre para no tener que preocuparse de pagar licencias de uso ni ahora, ni nunca”, concluyó el empresario.
