La Asociación Empresaria Argentina (AEA) cuestionó al Gobierno por las intervenciones “discriminatorias e injustificadas” del Estado en el sector privado, y citó como ejemplo su intervención en el negocio del fútbol.
“En el último tiempo se han reiterado intervenciones públicas discriminatorias e injustificadas en diversos ámbitos de la actividad privada” criticó.
En un duro documento de la entidad publicado este lunes en los diarios Clarín y La Nación, se advirtió que esas intervenciones estatales “desestimulan las inversiones nacionales y extranjeras”.
El comunicado puso como ejemplo la intervención del Gobierno en el negocio de la trasmisión de los partidos de fútbol, que derivó en la ruptura del contrato que unía a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Televisión Satelital Codificada (TSC).
“La intervención estatal arbitraria en el vínculo entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) es un ejemplo particularmente grave de este tipo de injerencia, ya que provoca la ruptura de un contrato entre partes privadas”, embistió.
El comunicado alertó que “la injerencia estatal indebida” en el ámbito privado “lesiona el dinamismo de la economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete la vigencia de preceptos constitucionales”.
“Tales acciones ocasionan graves perjuicios al ambiente deconfianza necesario para impulsar la actividad económica, desestimulan las inversiones nacionales y extranjeras, y terminan resultando en mayores costos para toda la población”, aseveró.
El documento expresó que “el respeto de la seguridad jurídica en nada disminuye las atribuciones y competencias del Estado en pos del desarrollo y del bien común, ejercidas dentro del marco de principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución nacional”.
La entidad reiteró que “la seguridad jurídica, la previsibilidad, y la estabilidad de las reglas de juego son condiciones absolutamente necesarias para el normal desenvolvimiento de las empresas, la preservación y creación de empleos, y la decisión de realizar inversiones en nuestro país”.
El tema de la seguridad jurídica ya había sido planteado por AEA el mes pasado en otro duro documento de 12 puntos necesarios para lograr un sendero de desarrollo económico y social, informó DyN.
Allí se reclamaba, entre otros temas, bajar las retenciones agropecuarias, combatir la inflación, normalizar la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), respetar la propiedad privada, y “un marco institucional y legal sólido y previsible”.
La agrupación nuclea a los titulares de las empresas más importantes de la Argentina, de todos los sectores, que facturan unos $200.000 millones.
En tanto, el presidente de IDEA, Gustavo Ripoll (foto), criticó la disputa entre el Gobierno y las distribuidoras de electricidad del área metropolitana, instalada la semana pasada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, en ocasión del tarifazo en el servicio de luz y la posterior marcha atrás.
De Vido había acusado a las empresas de facturar mal –primero– y de no avisar que se había producido un mayor consumo en el invierno que repercutió en las facturas –después–.
“Estas declaraciones no ayudan a que vengan inversiones. La posición de IDEA es que hay que respetar los contratos y obviamente las empresas privadas deben ser manejadas por privados. Creemos que el rol del Estado es el de controlar, regular y de fijar políticas”, dijo Ripoll en declaraciones radiales.
El empresario también criticó al INDEC. “Recuperar la confianza en el Indec, sin ninguna duda, es una pieza fundamental para saber dónde estamos y para decidir inversiones y mostrar confianza en el país”, afirmó y dijo que “muy probablemente” IDEA acepte integrar el Consejo de Observación del organismo, de ser invitado a hacerlo.
