Cruzar la orilla del Río de la Plata para refugiarse en la plaza financiera uruguaya es una práctica que no cesa. Algunos meses más, otros menos, pero el gustito por llevar dinero al otro lado del charco se mantiene.
En julio de este año, los depósitos de argentinos en el sistema financiero del país vecino se incrementaron casi un 40%, respecto de igual mes del 2008.
Según los últimos datos revelados por el Banco Central del Uruguay (BCU), los bancos contaban ese mes con u$s2.786 millones de no residentes, de los cuales se estima que un 90% pertenece a argentinos.
En ese mismo lapso, de la Argentina se fueron u$s12.700 millones. Y los períodos de fuerte salida de dólares fueron, justamente, los que más engrosaron las arcas del sistema financiero del Uruguay.
El atractivo por ese país también queda plasmado en la casi plena ocupación de las cajas de seguridad, fenómeno del que diera cuenta iProfesional.com en el mes de julio (ver nota: “Las cajas de seguridad se agotan en el país y hasta escasean en Uruguay”).
“Cuando la incertidumbre en Argentina aumenta, se incrementan casi automáticamente los depósitos de los no residentes en el país vecino. Este comportamiento quedó en evidencia durante la crisis de 2002, momento en el que se registró un fuerte crecimiento que alcanzó el máximo histórico de u$s6 mil millones, casi la mitad de las colocaciones totales de la época”, dice un informe de la consultora Datarisk.
Pero más allá de los depósitos en los bancos, existe un sinfín de activos, en particular propiedades, a nombre de sociedades off shore. La falta de datos precisos continúa generando una fuerte controversia ante los pedidos de información por parte de las autoridades locales.
Argentina quiere obtener información que Uruguay no le brinda
La salida permanente de capitales que sufre la Argentina, de los cuales un porcentaje no menor recala en la vecina orilla, motivó una secuencia de entredichos por el mantenimiento del secreto bancario en ambos lados del Río de la Plata.
Esta disidencia no es nueva. En mayo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) habían prohibido a los agentes locales cerrar operaciones con sujetos “constituidos o que residan en dominios, jurisdicciones o Estados que figuren como paraíso fiscal” (lo que alcanza a las sociedades offshore radicadas en el vecino país y a otros 87 destinos identificados internacionalmente como tales).
También, en su búsqueda por controlar la fuga de capitales, impidieron transar con países similares, que estén bajo la supervisión de organismos que no hayan suscripto convenios de intercambio informativo.
La idea de las autoridades nacionales era restringir la compraventa de títulos públicos, a través de las operaciones denominadas “contado con liquidación”, mecanismo utilizado para triangular o para hacerse de activos uruguayos.
El “conta con liqui”, tal como se lo conoce en la jerga financiera, consiste en comprar un bono o título desde la Argentina -pero que cotice en otros países- venderlo fronteras afuera y convertir el monto obtenido en dólares, para luego dejarlos depositados en una cuenta del exterior.
Este era uno de los recursos preferidos por empresas e inversores para sacar divisas del país y, en ese marco, la plaza uruguaya resulta muy apetecible, pues la ley de lavado de dinero no penaliza la evasión tributaria.
Con esta resolución, tal como sostienen los analistas, pudo herirse de muerte al “contado con liqui”. Pero los depósitos en los bancos uruguayos y las cajas de seguridad no dejaron de tentar a los argentinos.
Sociedades off shore
Por otro lado, una de las formas más comunes de operar es a través de las “Sociedades Financieras de Inversiones” (SAFI).
Las SAFI son empresas “off shore” (autorizadas a funcionar en otro país) cuyo verdadero dueño está a resguardo en los cofres de alguna escribanía uruguaya.
Estimaciones confiables precisan que alrededor de 100.000 argentinos tienen SAFI, a través de las cuales poseen todo tipo de bienes, en particular, propiedades a lo largo de la costa oriental.
“Ni Brasil ni la Argentina logran que el pequeño país hermano les proporcione información catastral de Punta del Este, ni tampoco ha cesado el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina y Brasil que desean sustraerse a la acción de los fiscos”, apuntó Jorge Gaggero, especialista en temas tributarios del Cefidar.
Como una reacción a estas críticas, recientemente el gobierno uruguayo dictó una norma según la cual, estas sociedades deberán demostrar que se mantienen en actividad, es decir, se verán obligadas a transformarse en sociedades anónimas o de otra índole.
Un memorándum que nunca llegó a firmarse
En junio, el Banco Central uruguayo expresó su posición de proporcionar información del mercado de valores a sus socios del Mercosur, y propuso la firma de un memorándum, que sería rubricado en forma conjunta.
Un mes después, en julio, el Gobierno argentino, respaldado por Brasil y Paraguay, decidió no firmar tal memorandum de entendimiento. El secreto bancario que defiende Uruguay resultó ser el principal escollo, ante la necesidad de las autoridades locales de controlar la fuga de capitales y el lavado de dinero, vía esa plaza.
Ante la negativa, el Central uruguayo busco defenderse y expresó: “La delegación argentina se rehusó a aprobar el acuerdo. Solicitó posponer su consideración para realizar nuevos análisis, a la luz de las normativas emitidas por dicho país recientemente. Brasil y Paraguay manifestaron su voluntad de aprobar el acuerdo, no obstante lo cual accedieron a la postergación solicitada por Argentina”.
La respuesta de nuestro país no se hizo esperar: “Nosotros no podemos hacer memorandos de entendimiento, porque con ello estamos permitiendo que los flujos de dinero vayan a esos países y no podemos controlar quiénes son los que operan”, había dicho Eduardo Hecker, titular de la CNV a iProfesional.com, en julio.
Desde entonces, las líneas técnicas siguen tratando de acercar posiciones. Aunque el acuerdo no llegó a buen puerto, Uruguay se mostró dispuesto a poner en consideración el secreto bancario. “Quedó pendiente la posibilidad de ver cómo podría funcionar sobre bases hipotéticas”, señalaron fuentes del BCU a este medio.
Se planteó que los cuadros técnicos discutan y planteen casos concretos de pedidos de información sobre la contraparte de las operaciones financieras, para mostrar si Uruguay está en condiciones de entregar esos datos. Pero hasta ahora no se ha logrado un buen resultado. “En ejercicios preliminares no fue satisfactorio. No soy optimista al respecto”, dijeron fuentes de la CNV.
Para las autoridades argentinas, si Uruguay entregara información sería “un paso adelante”. Destrabaría la firma del memorando y hasta podría plantearse la exclusión del país vecino de los efectos de la resolución de la CNV. Pero, ante las hipótesis presentadas, Uruguay no ha respondido como Argentina hubiera querido y la probabilidad de firmar el acuerdo es baja.
Hace unas semanas, en el ámbito del Mercosur, se sometió a Uruguay a un test sobre la información que podría brindar ante los requerimientos argentinos. Las respuestas dadas por los uruguayos no satisficieron las demandas argentinas, según explicaron fuentes de la CNV.
Es así como la controversia entre la Argentina y el país vecino sigue firme y sin una vía pronta de resolución.
La postura uruguaya frente al secreto bancario
El secreto bancario es un tema de discusión global. Como consecuencia de la crisis financiera internacional, los países más poderosos reunidos en el “G-20” se han mostrado dispuestos a luchar para que se libere la información que permitiría verificar la situación fiscal de una persona o de una empresa, a fin de evitar que en los llamados paraísos fiscales anide el dinero que escapa de la acción de los gobiernos, en plena recuperación de sus sistemas financieros.
Para Uruguay, la fuga de capitales que sufre Argentina es un problema que surge del desorden interno del país, que ahuyenta inversores y a ahorristas. En tanto, sostienen que actualmente el secreto bancario es posible levantarlo vía una orden judicial.
En plena campaña electoral, hubo pronunciamientos de los candidatos a presidente uruguayos sobre el levantamiento del mismo. El oficialista, José Mujica, consideró que “cumplió una etapa”. Pero su candidato a vicepresidente, Danilo Astori, sostuvo que se va “a mantener”. Desde entonces, nunca más se planteó el tema.
El país vecino parece no estar dispuesto a figurar en “listas negras” sobre encubrimiento de operaciones financieras vinculadas con delitos. Pero tampoco quiere ceder ante la Argentina por los reclamos de información tributaria, al menos con un criterio amplio.
El economista uruguayo Garbriel Oddone Paris, socio de la consultora CPA Ferrere y director adjunto del Centro de Investigaciones Económicas, explicó que “Uruguay no va a ayudar en eso como ningún país chico”, “salvo bajo condiciones de fuerza”, porque no tiene nada que ganar con la colaboración fiscal, explicó.
“Si la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue presionando a países pequeños y abiertos en materia de adhesión de desregulación impositiva y si lo hace pasible de sanciones, Uruguay estará dispuesto a firmar tratados de libre tributación, pero nunca con Argentina”, destacó Oddone.
“El incentivo para firmar con Argentina, a diferencia de otros países, es bajo porque hay oportunidades de negocios que se dan gracias a que no hay colaboración fiscal”, explicó.
Uruguay ¿Paraíso fiscal?
En abril de este año la OCDE había afirmado que Uruguay se encontraba bajo observación por no respetar las normas fiscales internacionales. El organismo lo ponía en la misma “lista negra” que a Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Tras conocerse la noticia, el gobierno de Vázquez defendió las características de su sistema financiero, a la vez que el presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo que “Uruguay no es un paraíso fiscal” y el sistema financiero es “sólido” y “serio”.
“Particularmente, desde la reforma tributaria, el contexto bancario y tributario uruguayo no configura un paraíso”, afirmó Bergara.
El funcionario agregó que la reforma tributaria extendió el régimen del secreto bancario con una flexibilidad superior al existente desde 1982 y destacó que este tema es “delicado” y afirmó que el secreto bancario no es el factor principal de la solidez del sistema.
Luego del correspondiente descargo, el país fue excluido del cuadro de “deshonor”, una vez que el gobierno de Tabaré Vázquez se comprometiera a adoptar estándares internacionales de transparencia.
