El sistema de transporte público actual en Argentina constituye uno de los tantos problemas que debemos de afrontar la mayoría de los argentinos cuando queremos movilizarnos por las calles y en especial desplazarnos hacia nuestro trabajo. Constituye uno de los grandes retos a resolverse, pues es evidente que el sistema de transporte público vigente no sólo no es económicamente sostenible para el gobierno a largo plazo; sino que encima de todo no es satisfactorio para ninguno de los involucrados. Ni siquiera para la población más pobre del país, que es supuestamente a quien se está apoyando con las subvenciones de las tarifas.
En las paradas de los colectivos continuamente se escuchan comentarios de insatisfacción porque el servicio se caracteriza por ser insuficiente en las horas pico, por recibir malos tratos en algunas ocasiones, por no gozar del beneficio de pasaje gratuito cuando se es de la tercera edad, porque las unidades se encuentran en malas condiciones, por el miedo a ser asaltado por algún delincuente.
En pocas palabras el sistema actual es catalogado por la mayoría de deficiente en cuanto a los términos de servicio y de seguridad. Sin olvidarse, de la enorme contaminación que ocasionan algunas unidades que circulan en mal estado.
Hoy en día quienes utilizan los medios de transporte públicos es simplemente porque no tienen a su alcance algún otro medio para desplazarse. Ahora ¿por qué es necesario que un país cuente con un sistema de transporte público seguro, eficiente y a un precio razonable? Resulta que el transporte influye de forma significativa en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Además, las tarifas y subsidios tienen implicaciones económicas y políticas en el desarrollo nacional. Es evidente que si se desea contar con un buen sistema de transporte público, las tarifas deberían de readecuarse, pues esta es la única manera de alentar a la inversión privada en este sector para aumentar no sólo la calidad, sino también la cantidad de unidades disponibles. También debería de establecerse un ente regulador que se tome en serio el tema de la regulación de la calidad del transporte público. De esta manera, se estaría satisfaciendo las necesidades de las diferentes partes involucradas.
Esto, sólo se podrá lograr cuando los planes para el transporte público formen parte de las visiones a largo plazo del gobierno dentro de un modelo integrado de transporte público sostenible, coherente con otras políticas y apoyado por todos los ciudadanos; pues viajar con seguridad y eficiencia es una de las principales preocupaciones de la población, de todas las edades y clases sociales.
Hablar de un país con un sistema de transporte público de calidad, será equivalente a contar con un sistema cómodo, accesible y seguro para toda la población. Por ello, el gobierno no debe de escatimar recursos en la búsqueda de alternativas que permitan un desarrollo óptimo del transporte público y que el mismo sea una solución permanente para que las próximas generaciones no tengan que pasar por lo mismo que estamos pasando el día de hoy, o una situación aún peor.
La finalidad del transporte público colectivo de pasajeros es facilitar la movilidad de todos los ciudadanos. El compromiso de las administraciones en la tutela del transporte es garantizar servicios adecuados a la demanda, de forma que no exista discriminación en términos sociales, geográficos ni personales, y con una dotación de recursos públicos que tienda a estabilizarse a medio plazo, gracias a un aumento del pasaje que rentabilice el sistema y a un control cuidadoso de los gastos de operación.
La sociedad se sensibiliza cada vez más respecto al uso racional de los bienes comunes y a su preservación para las futuras generaciones.
Al mismo tiempo, se muestra cada vez más crítica frente a las incomodidades que en la generación actual ocasiona el uso indiscriminado del automóvil: ruido, humos, tiempo perdido en atascos, siniestralidad, agresividad del medio, etc. Pero también adopta un conjunto de comportamientos, como pueden ser la residencia en urbanizaciones apartadas de los núcleos urbanos o el uso del tiempo libre, que potencian la movilidad en auto privado.
A estos ciudadanos nos se les puede pedir que renuncien al uso del auto en beneficio del bien común. El objetivo de las administraciones debería ser conseguir una alternativa real al auto y que, en el balance de prestaciones de un medio y otro, el usuario se decante progresivamente, en determinados desplazamientos (generalmente vinculados a la movilidad obligada), por el uso del transporte público. Este balance sólo podrá ser favorable al transporte público si sus servicios lo hacen competitivo frente al automóvil no sólo en términos de costo económico, sino también de tiempo, comodidad, seguridad y fiabilidad, en definitiva, de percepción de la calidad de la oferta del sistema.
La competitividad del transporte público respecto al automóvil se consigue básicamente mediante un buen diseño de la red de transporte y de una prestación del servicio plenamente satisfactoria. El diseño de la red debería garantizar la accesibilidad y la disponibilidad para los ciudadanos: distancia de casa a la parada o estación, amplitud de horarios, frecuencia de paso del servicio, comodidad en la obtención de pasajes, información.
La misión de las autoridades de transporte es planificar los servicios y asegurar la prestación adecuada por parte de las empresas operadoras. Para garantizar la calidad de su servicio, estas empresas requieren una política de calidad, reflejada en un sistema de gestión centrado en el cumplimiento y revisión de los procedimientos que se hayan definido sobre la base de la satisfacción de las expectativas de los clientes, todo ellos mediante el compromiso de todo el personal en su consecución.
Desde mi punto de vista, la descentralización de las actividades al ámbito de los barrios o municipios vecinos, de tal manera de poder realizar el mayor número de acciones ciudadanas como trabajar, estudiar, comprar, divertirse, gestionar, etc. en esos polos, sería una de las maneras de contribuir al mejoramiento de la calidad del transporte público. La zona de Panamericana y General Paz ya se ha convertido en un polo; Vicente López es otro polo; La Matanza también lo está siendo.
Por otro lado, es imperioso reducir los conflictos entre modos de transporte, mediante la eliminación de los pasos a nivel entre la red ferroviaria y la red vial principal, por sobre elevación o soterramiento de las vías o de las calles y avenidas.
