La excelente noticia de que los precios internacionales de los productos agropecuarios han alcanzado niveles record es motivo de intensas polémicas debido a que fue acompañada por un fuerte aumento sobre las retenciones. El problema de fondo es la mala calidad de las instituciones fiscales. Con algunos ajustes puntuales pero sustantivos sobre el Presupuesto 2008 se podrían evitar los efectos más negativos del aumento en las retenciones y dar un primer paso en las transformaciones fiscales pendientes.
El aumento en los precios agropecuarios implica que con el mismo esfuerzo productivo el país obtiene mayores ingresos. Para que este beneficio sea aprovechado a pleno y con razonable equidad resulta fundamental el buen funcionamiento de las instituciones fiscales. Por un lado, es crucial que el impuesto a las ganancias capte parte de esta mejora en los ingresos. De esta manera, sin desalentar los incentivos a seguir aumentando la producción se logra socializar una fracción del aumento en los ingresos derivado de la mejora en los precios internacionales.
Estos recursos deberían ser usados, en parte, para compensar los impactos que produce el aumento de los precios internos de los alimentos sobre los segmentos socialmente más vulnerables. Esto se puede lograr con gasto social focalizado en las familias más humildes y/o reduciendo los impuestos que más afectan a este segmento social. El otro tema clave es considerarlo como un ingreso transitorio; ya que el nivel de los precios internacionales en algún momento se va a revertir. Consistente con ello, es muy recomendable aprovechar esta época de “vacas gordas” para expandir la infraestructura asumiendo que será difícil hacerlo cuando el ciclo económico cambie de signo.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2008 da inicio de los criterios bajo los cuales el país está asumiendo el favorable contexto internacional:
• Antes del último anuncio de aumento de alícuotas se programaba recaudar $24 mil millones por retenciones a las exportaciones.
• Se contemplan inversiones en infraestructura económica y social por $15 mil millones.
• Las 4 jurisdicciones con más altos ingresos –Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- absorben el 39% de esta inversión aunque representan el 10% de la población total del país.
Frente a la masiva evasión del impuesto a las ganancias se apela a un impuesto extremadamente rudimentario para socializar parte del aumento de rentabilidad del sector agropecuario. El costo es un fuerte desaliento a la producción agropecuaria. Simultáneamente, se usan las retenciones como sustituto –también muy rudimentario- de una política social que permitiría compensar el impacto sobre las familias más humildes de los aumentos de precios de los alimentos. El resultado final es que los hogares de ingresos más altos son los que se apropian de gran parte del subsidio implícito que producen las retenciones; agravando los problemas distributivos.
Por otro lado, la mayor parte del aumento de recaudación se usa para financiar gastos corrientes. El desarrollo de la infraestructura –factor vital como base de un proceso de crecimiento sostenido- se sigue postergando. Como las retenciones no se coparticipan el manejo discrecional de los proyectos de inversión llevan a que en las zonas más pobres se invierta menos que en las más ricas. En consecuencia, el contexto internacional favorable termina operando como un factor que profundiza las brechas regionales.
Aunque es muy visible la necesidad de transformar las instituciones fiscales no se puede desconocer que está supeditada a procesos políticos complejos y lentos. Sin perjuicio de ello, con algunos cambios puntuales pero contundentes en el Presupuesto del año próximo se podrían evitar parte de los daños y marcar un cambio de orientación. Una regla simple pero eficaz sería establecer que todo el excedente de recaudación sobre las proyecciones contempladas en el Presupuesto sea canalizado a un Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Este fondo sería destinado a financiar proyectos de inversión adicionales a los aprobados en el Presupuesto y bajo una regla de asignación geografía clara y de aplicación automática y que invierta los criterios previstos en el Presupuesto; es decir que las zonas más pobres reciban proporcionalmente más inversión que las más ricas. Adicionalmente, se debería establecer que cada jurisdicción participe en la definición de los proyectos a ejecutar.
Una regla de este tipo no sustituye la transformación de fondo en las instituciones fiscales. Sin embargo, sería un primer paso importante en el sentido correcto y evitaría que la buena noticia de que aumentaron los precios internacionales no sea en beneficio de unos pocos, sino una oportunidad para construir un país social y geográficamente más equilibrado.
