El juego está listo: dentro de los próximas semanas, sino días, el gobierno de Estados Unidos tendrá que entrar y nacionalizar uno o más bancos. El más probable candidato a tener el dudoso honor de ser propiedad de Washington puede ser encontrado al final de una triste cola de pérdidas, contratiempos en la administración y colapso en el valor de las acciones.
Acérquense, Citigroup, Bank of America y una gran cantidad de bancos regionales y comunitarios. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, tendrá que encontrar, con su gran habilidad oratoria, la manera de no decir que no, pero no se equivoque: las autoridades van a entrar.
¿Por qué estoy tan seguro? Porque, como encargado de la banca estadounidense del Financial Times, durante los últimos años he tenido asientos de primera fila para ver la caída del sistema bancario.
La destructiva mezcla de ineptitud, miopía y avaricia que llevaron a la crisis han hecho imposible construir gradualmente soluciones. Cuando se advierte que la falla de los últimos planes de rescate estodounidenses puede llevar a una “japonización” del sistema bancario, se están desenfocando. Es muy tarde para preocuparse de que los bancos se vuelvan zombies, porque ya lo son.
Aplastados por una pila de activos tóxicos, paralizados por pequeñisímos balances y abandonados por inversionistas asustados, la instituciones que alguna vez fueron grandiosas, como Citi y BofA con suerte pueden realizar funciones básicas como emitir préstamos.
De hecho, la única razón por la que no se han unido a Lehman Brothers, Bear Stearns y Washington Mutual a los desechos financieros es porque los contribuyentes los han impulsado con más de US$ 500 mil millones en inyecciones de fondos y garantías.
A estas alturas, alguna forma de nacionalización es un imperativo en lo político y financiero. Desde el frente político, el concepto ha logrado apoyo en bancas inesperadas. Los registros de este diario del paso de las conversaciones de Alan Greenspan de ícono del mercado liberal a partidario de nacionalismo temporal son sorprendente. Sumar eso a un similar giro de Lindsey Graham, senadora republicana que ha construido su carrera en base a su amor por los gobiernos pequeños, simplemente es alucinante.
La realidad es que incluso el ala derecha del espectro político se da cuenta de que los bancos no pueden ser dejados a su suerte mientras reciben fondos fiscales.
Desde el punto de vista financiero, la nacionalización de uno o más bancos -seguida de una licitación pública cuando se mejores- no necesariamente puede ser una pesadilla socialista o, en las palabras de los ejecutivos bancarios que parecen carecer de memoria, “una idea para tontos y europeos” (¿Qué pasa con AIG, Fannie Mae, Freddie Mac e IndyMac?).
El control fiscal podría resolver dos problemas clave que han acosado a los políticos desde el comienzo de la confusión: valuar activos tóxicos y resolver la falta de disposición de los bancos a prestar.
A diferencia de la actual administración, que vive con el temor de más amortizaciones, el Tesoro tendrá poco que perder al reducir el precio de los activos en problemas. Eso, en cambio, hará más sencillo venderlos a privados.
Una parálisis también ha afectado a las decisiones corespondientes a préstamos. Asustados por la posibilidad de nuevos impagos, las entidades prestamistas se han cerrado, exacerbando los problemas económicos de los que tratan de escapar. En cambio, un acercamiento del gobierno, junto con una mayor tolerancia a las pérdidas, dirigirá los fondos donde la economía los necesite.
La principal pregunta para la administración es cómo nacionalizar bancos damnificados. Ahí es donde el “plan Geithner” ofrece una solución. A pesar de su falta de detalles, Geithner si dijo que someterá a los bancos a una “prueba de estrés”. Aunque a muchos bancos no les gusta, ha llegado la hora de que la cadena deje sus eslabones más débiles.
