Los bienes de consumo de la sociedad contemporánea incluyen un importante aporte de tecnología, en forma de equipos, servicios y “contenidos”.
Es curiosa la actitud del consumidor respecto de la manera de adquirir estos bienes. Si nadie duda en renovar frecuentemente los equipos ni en contratar las mejores prestaciones en materia de comunicaciones y de mantenimiento, ¿porqué existe una resistencia generalizada respecto de la adquisición legítima de los contenidos?
Hoy no nos ocuparemos de la música ni del cine, que están (casi siempre en forma desprejuiciadamente ilegal) en las memorias de todos los dispositivos tecnológicos, sino que nos enfocaremos en el software.
Los programas gracias a los cuales cobran vida y prestan utilidad las computadoras, son “contenidos” con destino especial, porque en lugar de servir únicamente para nuestro entretenimiento o goce cultural, los usamos como herramientas de trabajo. Son tan fáciles de copiar como cualquier otro archivo y existen en el ambiente real y en el ambiente virtual múltiples fuentes de abastecimiento “pirata” de los mismos.
No es un dato menor que 7 de cada 10 programas de software en Argentina son piratas, según el Séptimo Estudio sobre software ilegal, realizado por la International Data Corporation (IDC) y Business Software Alliance (BSA) durante el 2009.
Las copias “piratas” tienen una gran diferencia con las originales, esto no hace a su funcionamiento como programas sino a su calidad como bienes de consumo: carecen de “licencia” o sea, su uso no está autorizado por el dueño de la propiedad intelectual y por lo tanto transforman a quien las posee en autor de un delito penado por las leyes, con la misma pena que el crimen de defraudación.
A quien le falta “licencia” no le falta simplemente un documento impreso de esos que vienen en las cajas del equipo y van a parar a la basura. Quien carece de “licencia”, está en la misma situación que el que “se cuelga” de la electricidad ajena o anda por la calle con un auto “sin papeles”. Es alguien que vive con un problema y que tiene pendiente la sorpresiva visita de un Oficial de Justicia.
Adquirir software con legal no es difícil (hay tantas bocas de abastecimiento como negocios de informática) ni demasiado caro. Lo que realmente es caro es correr el riesgo de pasar un papelón y gastar muchas veces más dinero por andar usando bienes ajenos sin permiso del dueño. Y no estamos hablando de moneditas, si tenemos en cuenta que según afirma el Séptimo Estudio Sobre Software Ilegal del IDC, el valor de pérdidas a causa de la piratería en el 2009 alcanzó en Argentina los $645 millones de dólares. A algún usuario desprejuiciado de la propiedad intelectual ajena le puede tocar indemnizar parte de esa pérdida.
En conclusión: elegir y obtener la “licencia” más adecuada para cubrir nuestros usos es tan importante como elegir un buen programa de software. Sin licencia, la instalación pirata del mejor programa no cuesta nada, pero tampoco vale nada.
