Analistas, empresarios y directivos de compañías no dejan de sacar conclusiones sobre las implicancias que traerá el fin de las AFJP y el traspaso de sus fondos al Estado, por un total cercano a los $80.000 millones.
Sucede que el cambio es de tal magnitud que, más allá de alterar el destino de las jubilaciones de millones de argentinos, también modificará el escenario de tasas, créditos, alternativas de financiamiento e incluso, definirá un nuevo rol para los bancos públicos y privados.
Esos analistas y empresarios saben que, actualmente, casi uno de cada tres pesos (28%) que se presta sale de los bancos públicos (los otros dos restantes se lo disputan entre más de cincuenta entidades privadas).
También saben que, del lado de los depósitos, la concentración es aún mayor, ya que la banca pública concentra casi la mitad de las colocaciones (45 por ciento).
Con estos datos sobre la mesa, analizan: esos bancos públicos, por un milagroso bálsamo estatizador, recibirán un multimillonario caudal de fondos que antes estaba en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que hará aumentar aun más la concentración del dinero de los argentinos en entidades estatales.
Y, por último, atan cabos: por un lado, el Gobierno da permanentemente muestras claras de creer firmemente en el rol del Estado para dirigir la economía. Tiene un muy activo guardián de precios (ahora del dólar), Guillermo Moreno, que sobrevivió a todo tipo de vendavales políticos. Y por otra parte, anunció que es intención del Estado motorizar la economía a través de la obra pública.
Y cómo si esto fuese poco la Presidenta se encargó de afirmar días atrás en su visita a El Salvador: “El problema es el rol que el sistema financiero debe ocupar en el modelo. La clave de la equivocación fue pensar que el dinero se reproducía sin pasar por el sistema de producción y trabajo”.
Escenario
Esos mismos analistas y dirigentes empresarios son los que, de alguna manera, se imaginan el siguiente panorama futuro en materia de créditos, tasas, banca privada y pública:
* 1. Una banca pública hiperfondeada, que será la encargada de fijar las tasas de interés de referencia para el crédito a particulares y empresas
* 2. Una banca privada con numerosas entidades y sin “megafondos”, que deberá redefinir su perfil de negocios para poder competir y prestar a tasas similares
* 3. Un Estado que encontrará en la obra pública su nuevo eje para motorizar la economía
* 4. Un sector público que absorberá gran parte del crédito, desplazará al sector privado (crowding out), y fijará reglas de juego para los préstamos a largo plazo
* 5. Una banca privada que deberá focalizar su esfuerzo en los préstamos de corto, en particular aquellos vinculados al consumo, y en la administración de los medios de pago
En síntesis, un cambio significativo en las actuales reglas de juego, con una banca pública fuerte “marcando la cancha” y entidades privadas tratando de adaptarse a un nuevo escenario, en el cual no se descarta un activo proceso de fusiones y adquisiciones.
Un modelo similar al que rige en Brasil, dónde el Estado es el encargado de aportar el grueso del financiamiento para la inversión productiva.
En lo que respecta a la banca privada, cabe destacar que el volumen de plazos fijos apenas supera los $30.000 millones, cifra bastante reducida en comparación a los fondos que quedarán en manos del Estado, a su vez distribuidos entre distintas entidades, situación que imposibilita un adecuado prorrateo de los gastos de estructura para poder prestar a tasas más bajas o a largo plazo.
Treinta y cuatro mil millones de razones
En este contexto, un informe de la consultora Ecolatina resalta que, una vez realizado el traspaso de fondos, “el Gobierno contará con $34.000 millones en recursos líquidos para el año próximo”. El mismo documento señala que:
* La cartera que recibirá la Anses, unos $77.900 millones, “no es totalmente líquida y, por ende, no puede constituirse en fuente de recursos inmediata para el Estado”.
* De ese monto, el 13,5% ($10.500 millones) son disponibilidades y plazos fijos que vencen hasta diciembre de 2009. El resto de la cartera son obligaciones negociables, títulos públicos, fideicomisos, acciones, fondos comunes y proyectos productivos.
* “Sumando la liquidez de la cartera, los flujos netos que recibe por los nuevos aportes ($13.419 millones) y los depósitos del Banco Nación que el presupuesto autoriza a utilizar ($10.000 millones), el Gobierno contará con el 2,8% del producto bruto interno ($34.000 millones) en recursos líquidos para el año próximo”.
* Dado el redimensionamiento del sistema financiero, al perder los bancos privados una importante fuente de fondeo, el sector público jugará un papel clave en la definición de nuevas inversiones.
Voces
Es por ello que el economista Miguel Angel Broda aconsejó colocarse bajo el paraguas de los bancos públicos. Según explicó, las tasas de interés que ofrezcan estas entidades se mantendrán bajas, ya que en ellas se canalizará el dinero de las jubilaciones estatizadas.
En ese contexto, Broda previó hacerse “cortesano” dado que, según el economista, “serán unos pocos los que accedan al fondeo estatal”.
Respecto de los bancos privados, el analista estimó que cobrarán tasas menores a las registradas en este momento de incertidumbre, pero no volverán a los niveles del año pasado.
En tanto, el titular de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, previó que la banca privada se dedicará a operaciones meramente transaccionales y a prestar sólo al corto plazo.
Crowding out
El jefe de investigación del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina, explicó que “más de la mitad de los $1.000 millones mensuales que recauda el sistema de capitalización se destina a títulos públicos. La otra parte va al sector privado, pero cuando se termine la capitalización, el Estado lo va a asignar a pagar las jubilaciones presentes”.
Para Colina, pagar el gasto público que significa las cuentas previsionales en vez de destinarlo a la obra pública, “desde el punto de vista keynesiano, es lo mismo”, porque “las jubilaciones luego se consumen”. Pero en definitiva, los fondos dejan de ir al sector privado para financiar las jubilaciones.
Colina aclaró que con lo acumulado por el régimen de capitalización no alcanza para pagar las jubilaciones. Actualmente, el sistema es financiado en un 50% con aportes y contribuciones y un 50%, con impuestos.
Según el ex ministro de Economía Roque Fernández, “está claro que el propósito de eliminar las AFJP es tomar los fondos para pagar deuda o los inconvenientes financieros y no para promover el mercado de capitales. Veo poco probable que se canalice el crédito al sector privado”.
Los bancos privados
Desde el inicio de la crisis los bancos de capital nacional y extranjero prácticamente paralizaron la financiación al sector privado; prefieren prestar poco y mantener la liquidez para hacer frente a la salida de depósitos. Sólo financian el capital de trabajo de las empresas clientes, a corto plazo. El crédito a largo plazo lo otorgaban las AFJP a través del mercado de capitales.
Por eso, para el titular de la consultora Argentine Research, Roberto Drimer, va a ver una restricción del crédito disponible para el sector privado. “Los bancos públicos podrán ser una herramienta para otorgar préstamos, pero no van a poder abarcar a todo el mercado crediticio, que hoy está sumamente restringido”, agregó el especialista.
Hoy los bancos estatales cuentan con mejor fondeo que los privados porque tienen los depósitos del sector público a bajo costo, y pueden dar crédito en posiciones más ventajosas. “Podrían ser un caso testigo que contribuya a restablecer condiciones crediticias, pero lo que hay que hacer es devolver la confianza para retornar a la operatoria habitual”, afirmó.
A partir de la estatización de las jubilaciones, la mayor parte del nuevo crédito debería provenir del reciclaje de los fondos estatizados. “Debería recrearse el mercado de capitales o algún tipo de mecanismo de financiamiento”, dijo Drimer.
Según el experto, si el ANSES reemplazara a un mercado de capitales, que quedará más pequeño, si se normalizaran las expectativas y hubiera una mejor continuidad de depósitos, se podrá mejorar la política de créditos de los bancos.
El gerente de banca corporativa de un banco público explicó que con la desconfianza en el sistema financiero, su banco no sufre el problema de la pérdida de depósitos sino que gana los que huyen de los privados. Y agregó que no le extrañaría que algún banco privado quiera desligarse de sus negocios en el país por la falta de cumplimiento de las reglas de juego.
Según explicó Fernández, algunos bancos estarían deseosos de sacarse el negocio de encima. “Hoy un banco no es un gran negocio. Sólo mantienen rentabilidad aquellos que sostienen un sistema razonable de administración de pagos, que es muy costoso. Pero el negocio de prestar ha sido acotado. Y están obligados a alguna inversión en títulos públicos que les dejó pérdidas por tenencia”, sostuvo.
Pero, por ahora, Fernández observa la postura de “dejar pasar el temporal” y de “no de tomar medidas importantes de fusiones y adquisiciones”. Tampoco, percibe interés de capitales extranjeros de aumentar su participación en la banca local a través de la compra de alguna entidad.
La banca pública tendrá mayor protagonismo el año que viene. El sector privado deberá redefinirse para adaptarse a las nuevas reglas de juego….de tasas, y de créditos.
