En este país, sobre un total de 1,4 millones de desempleados, el seguro de desempleo brinda cobertura a sólo 92.000 personas. Estos datos, originados de un informe sobre Empleo y desarrollo elaborado por la Escuela de Economía de la UCA, indican que si el seguro de desempleo fuese un paraguas habría mucha gente mojándose.
Desde 1991, el Fondo Nacional de Empleo (FNE) es el organismo dedicado a instrumentar el seguro de desempleo y políticas activas de empleo. El seguro se financia con una contribución patronal de aproximadamente el 1% de la nómina salarial. Durante la vigencia de la prestación, la persona tiene derecho a asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias, y prestaciones médico-asistenciales.
Los trabajadores permanentes que quieran tramitar el beneficio deben haber cotizado en el FNE durante al menos seis meses de los últimos tres años antes de que se termine el contrato laboral. En caso de los trabajadores contratados a través de empresas de servicios eventuales y de trabajadores temporales, el mínimo acreditado deberá ser de 12 meses en los últimos 3 años o 90 días de los últimos 12 meses.
Los montos por cobrar tienen un piso de 250 pesos y un techo de 400. “Las tasas de reemplazo son muy bajas”, critica el informe de la UCA, ya que “en el mercado laboral formal el salario promedio se ubica alrededor de 2300 pesos”. Además, aclara que el período de cobertura es corto y se limita a dos pagos para quienes tengan entre seis y 11 meses de aportes; cuatro pagos para quienes tengan entre uno y dos años; ocho pagos para quienes tengan entre dos y tres años, y 12 pagos para quienes tenga más de tres años de aportes.
Montos bajos
“El plan tiene una estructura similar al de otros países; se diferencia en que los montos son bastante más bajos y por su duración. Finaliza al año para los menores de 45 y con una extensión de seis meses más para los que superan esa edad. Si bien esta limitación en el tiempo ejerce una presión negativa en el ánimo de las personas, también es cierto que tener una fecha final puede actuar como motor para la motivación y la activación de la búsqueda de empleo”, indica Bruno Matarazzo, titular de la consultora homónima.
Para el consultor, en países donde este beneficio es más amplio y generoso, se crea una cultura del desempleado crónico. “Hay personas que reciben una buena asignación mensual y, cómodas en esa situación, tratan de prolongar lo más posible -aun con engaños- este beneficio, sin buscar realmente trabajo”, explica, pero advierte que en algunos de esos lugares, como en Francia o Estados Unidos, el control sobre la actividad de búsqueda es mucho más estricto. Todos los meses, los beneficiarios deben reportar los avances realizados en su campaña de inserción laboral.
Acciones de protección
Entre los mecanismos de protección para el trabajador desempleado, además del seguro de desempleo existen la indemnización y las políticas activas de empleo, que se refieren a las acciones que facilitan la reinserción del trabajador como capacitación, incentivos al empleo privado y la intermediación laboral. La investigación de la UCA indica que las intervenciones estatales para completar la educación formal alcanzan a 85.000 beneficiarios y las acciones de capacitación para el empleo, a 48.000.
En el mundo, la tendencia es integrar esos tres elementos. “En la Argentina se tiende a hacer un uso excesivamente intensivo de la indemnización por despido. Las propuestas que hay son para gravar la indemnización que, por ejemplo, se multiplica en caso de empleo en negro. Y se da poca importancia a coordinarla con el seguro de desempleo y, menos aún, con las políticas para recapacitar”, dice Jorge Colina, investigador externo del departamento de Economía de la UCA y economista del centro de estudios Idesa.
La indemnización es positiva en la medida que funciona como desalentadora del despido y como seguro contra la pérdida del ingreso. Así, contribuye a generar relaciones laborales más estables. Por el contrario podría limitar la capacidad de las empresas para adaptarse a cambios tecnológicos y comerciales, y la seguridad del empleo que proporciona al trabajador podría derivar en su falta de compromiso.
Mientras que la indemnización es fácil de administrar por el Estado porque “fijada la norma, alcanza con controles administrativos y judiciales para que los empleadores cumplan”, en el caso del seguro de desempleo, la articulación se complica. “Es necesario contar con una importante capacidad de gestión para verificar que se cumplan los requisitos de acceso y administrar los pagos, minimizando la corrupción y los incentivos de los desocupados a no buscar intensamente un nuevo empleo”, advierte el informe de la UCA.
Algunos países como Chile y Austria incorporaron innovaciones al esquema de seguro: la capitalización individual. En un sistema con estas características, los controles son menos complejos, ya que el trabajador no tiene incentivos para prolongar la duración del desempleo por estar consumiendo sus ahorros.
Rotación
Según la investigación de la UCA, otro problema del seguro de desempleo es que genera incentivos para la rotación de trabajadores. Explican que como, en general, “el financiamiento se obtiene a través de una alícuota sobre la nómina salarial que es homogénea para todas las empresas, de manera automática se crean subsidios cruzados desde las empresas que menos rotan sus trabajadores a favor de las que tienen mayor movilidad”. Este hecho ha motivado el desarrollo de esquemas en los que el financiamiento se obtiene sobre la base de alícuotas variables según la tasa de rotación. El antecedente más interesante sobre este tipo de mecanismo es el seguro de desempleo vigente en Estados Unidos.
Uno de los motivos por los que tanta gente desempleada queda sin acceder al seguro es que trabajaron de manera informal, entonces no pueden acreditar un mínimo de aportes. “Es un problema para la gente con dificultades de empleabilidad que consigue trabajo en negro, precario y por poco tiempo. Entonces, no califican para la seguridad social. Cuando la indemnización por despido es tan costosa para las compañías, se termina discriminando a las personas con menos capacidades para emplearse. La empresa se vuelve muy selectiva”, advierte Colina.
Para el economista, parte de la solución radica en flexibilizar la indemnización por despido. Advertido de que este es un concepto que a la mayoría de los argentinos les trae malos recuerdos, pero Colina explica: “La idea es flexibilizar para que las empresas tengan más capacidad de gestión, pero no eliminarla porque una barrera tiene que existir. Además, a la vez, hay que mejorar el seguro de desempleo. La flexibilidad no es desprotección porque hay que dar a las personas las herramientas para su recapacitación”.
En ese sentido, Colina remite al ejemplo danés, conocido como flexiguridad, que ofrece una buena protección social del trabajador pero, a la vez, exige capacidad pública de gestión e inversión. Consiste en un mercado flexible, con bajas indemnizaciones por despido. También un seguro de desempleo generoso, ya que se puede llegar a cobrar el 90% del salario durante cinco años. Y, además, intensas políticas activas de empleo.
Qué pasa en otros países
-En Colombia no existe un seguro gubernamental de desempleo, pero el empleador debe abonar el monto de un mes de salario por año a un fondo llamado de cesantías. Ese dinero se utiliza cuando el empleado queda cesante, pero también se puede usar para otros fines, como comprar una vivienda o pagar la Universidad. Además, el individuo puede comprar un seguro de desempleo a una compañía privada de seguros.
-Perú cuenta con un plan parecido. Existe el Fondo de Compensación por Tiempo de Servicios. El empleador deposita anualmente el equivalente a un sueldo mensual del empleado en una cuenta bancaria especial. El empleado puede disponer de ese dinero cuando se queda sin empleo o en casos especiales, aun trabajando, puede retirar la mitad de los depósitos efectuados.
-En Canadá, para aspirar a cobrar un seguro de desempleo, el individuo debe haber trabajado un mínimo de 420 horas. La duración del beneficio es variable, pero se lo puede mantener hasta un máximo de 45 semanas; puede ser por un período mucho menor, dependiendo de la tasa de desempleo de la región. El monto básico que se puede percibir es el equivalente al 55% del último salario. Este monto aumenta si los sueldos en el resto de la familia son bajos o si es una familia numerosa.
-Para gozar de este beneficio en Estados Unidos, la salida debe haber sido involuntaria. El monto por cobrar es un promedio de los salarios de las últimas 52 semanas y cada estado tiene un tope máximo diferente. Los desempleados pueden ser redirigidos a un servicio de empleo que los ayuda en la búsqueda con información del mercado laboral y técnicas de búsqueda, por ejemplo. La persona debe reportar semanal o quincenalmente los avances que hizo en la búsqueda, si rechazó ofertas y si realizó trabajos free-lance.
