El gobierno bonaerense pondrá en práctica en los próximos días dos medidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional: reconvertirá planes de empleo para aplicarlos a mantener puestos de trabajo en empresas con problemas y ofrecerá una moratoria a firmas que adeudan multas por infracciones en materia laboral y de seguridad e higiene.
Nacidos en su momento para crear nuevas fuentes laborales, los programas provinciales Bonus y Segunda Oportunidad serán reconvertidos para intentar evitar cesantías.
Los planes Bonus (para jóvenes de entre 18 y 25 años) y Segunda Oportunidad (que apuntaba a trabajadores con experiencia despedidos) fueron ideados tras la crisis de 2001 para reconstituir el empleo y enfrentar los altos índices de desocupación.
Se trata de becas de capacitación de 6 meses de duración en empresas a las que el Estado les provee un ingreso de $ 200 y la cobertura de riesgos del trabajo. Pasado el lapso de prueba, las firmas se comprometen a incorporar, como mínimo, al 80% de los operarios capacitados.
En 2008 la provincia habilitó casi 7000 de estos planes, que, hasta el momento, representan 3400 nuevos puestos de trabajo, según informaron voceros del gobierno provincial. En total se invirtieron $ 9 millones.
Pese a que dicha opción seguirá vigente, el gobierno de Daniel Scioli reorientará esos planes para que también sirvan al fin de sostener las fuentes de trabajo en empresas que acrediten dificultades. En el nuevo esquema, cada empresa tendrá que acreditar sus complicaciones, para lo cual el Ministerio de Trabajo deberá aprobar, previamente, el procedimiento preventivo de crisis (PPC). En los casos que corresponda, la provincia aportará, como subsidio, $ 600 de sueldo por agente.
Según lo informado por voceros de la cartera conducida por Oscar Cuartango, de las casi 70 empresas que se presentaron ante los funcionarios provinciales, apenas 16 tienen abierto el procedimiento preventivo. Hace un mes, la cartera laboral puso en marcha un observatorio que integraba información de 46 delegaciones de distintos puntos de la provincia para seguir de cerca las consecuencias de la crisis. Las fuentes indicaron que “muchas empresas se presentan y pretextan estar en problemas por los últimos dos meses luego de tener buenas ganancias en los cuatro años anteriores”.
En diálogo con la LA NACION, el ministro Cuartango afirmó que “los índices de empleo en la provincia se mantienen estables y no ha habido un número importante de episodios de conflicto”, aunque reconoció la preocupación oficial por la situación e informó: “Nos mantenemos activos monitoreando posibles situaciones de crisis”.
Lo cierto es que, antes de ser lanzados, los planes de empleo reconvertidos ya tienen interesados. Anteayer, el ministro Cuartango escuchó el interés mostrado por empresarios de Tandil, que estimaron que se podrían solicitar, sólo en ese distrito, unos 2000 subsidios, tal como señaló el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas empresas de Tandil (Apymet), Omar Farah, que integra un comité de crisis conformado a nivel local por el municipio.
Según un informe elaborado por la Universidad del Centro (Unicen), con sede en Tandil, el 15% de las empresas de la región ya despidió empleados y un 17% decidió adelantarles vacaciones para reducir costos.
Quita de intereses
El plan de regularización para empresas en infracción, que entrará en vigor a partir del mes próximo, incluirá quitas de intereses de hasta un 70 por ciento. Según voceros, se pedirá como requisito el reconocimiento de la deuda y la actualización de domicilio fiscal.
Los registros del gobierno provincial indican que de las 850.000 empresas empadronadas, unas 13.500 mantienen deudas por infracciones derivadas de irregularidades -como empleados en negro o falta de descanso de choferes de colectivos- y deficiencias de seguridad e higiene. La sola inscripción implica una reducción de intereses del 50 por ciento. Si el saldo restante se afronta en un pago, es posible reducir otro 40 por ciento. Esto implica, en total, una quita del 70% de los punitorios.
