El modelo de las “farmacias polirubro”, que tiene como cabeza de lanza a la cadena Farmacity, encontró un mayor espacio de aceptación dentro de la Capital Federal.
A través de un decreto, el gobierno porteño recalentó la fuerte disputa que desde hace tiempo enfrenta a los comercios más tradicionales, con aquellos que impulsan la diversificación de la oferta.
El escrito sostiene que “en caso de que la farmacia desarrolle otras actividades comerciales no prohibidas por la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, éstas deberán estar obligatoriamente incluidas en el Certificado de Habilitación Comercial otorgado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control”.
Sin embargo, nunca establece cuáles son esas “actividades no prohibidas”.
Además, precisa que para estos casos se deberá contar con un salón de ventas que no interfieran con el normal funcionamiento de la farmacia” y que “los encargados del despacho en el sector específico de farmacia no podrán expender otros productos ni prestar otros servicios que nos sean propios de la actividad farmacéutica”.
Más allá de la cuestión del negocio en particular, la determinación adoptada por la gestión de Mauricio Macri también responde a una posición respecto de la ley nacional de Salud 17.565 y que, entre otras cuestiones, se refiere a los formatos de las farmacias.
En este sentido, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó al sitio especializado Pharmabiz que debido a que la Argentina es un país federal “la nación fija ciertos contenidos sobre una materia en una ley, acerca de la que cada provincia puede adherir, ampliar o dictar algo distinto”.
