El titular de CADIEEL -la cámara que agrupa a los fabricantes de productos eléctricos y lumínicos-, Ramiro Prodan fue elegido presidente de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), la entidad que congrega a los actores del mercado de la energía eléctrica para promover su uso seguro y eficiente.
Prodan será acompañado en su gestión por el representante de IRAM en la entidad, Osvaldo Petroni, como vicepresidente y por Marcelo Kiener y Sandro Rollan, en representación del Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) quienes ocuparán la secretaría y la tesorería de la organización.
El directivo de CADIEEL sostuvo que su gestión estará orientada hacia el “diálogo permanente” entre todos los involucrados en la mejora de la seguridad eléctrica para, de ese modo, “aprovechar la magnífica experiencia que APSE acumuló en sus 13 años de vida y adecuarla a sus nuevos desafíos”.
“Todo el conocimiento adquirido en este tiempo, es un bagaje que debemos aprovechar para establecer nuevos mecanismos de relación con los actores del mercado y los usuarios”, explicó, al tiempo que señaló que “hay que profundizar el diálogo con los municipios que por su cercanía con el consumidor tienen un rol fundamental”.
En ese sentido, consideró que “lamentablemente aún no existe una clara conciencia sobre los riesgo que conlleva para la vida y los bienes de las personas una instalación obsoleta o realizada con materiales que no tienen el mínimo nivel de calidad.”
“Las estadísticas de los bomberos establecen que cuatro de cada diez incendios que se producen en la ciudad de Buenos Aires tienen su origen en fallas eléctricas y en ciudades como Córdoba este indicador se eleva a siete de cada diez”, ejemplificó.
Para Prodan es necesario impulsar una normativa que permita el control del estado de las instalaciones y que estén adecuadas a sus usos reales. Además, sostuvo que es “imprescindible” que el Estado ejerza su poder de policía para fiscalizar el mercado de productos eléctricos y “desterrar” los productos que ponen en riesgo a los usuarios.
Finalmente, propuso la implementación del requerimiento de un “certificado de instalación eléctrica segura” para todas las propiedades que se alquilen o vendan.
