El gobierno santafecino logró, a través de la Justicia, trabar un embargo sobre las cuentas corrientes de la empresa Cargill por presunta evasión impositiva.
El embargo sobre la multinacional cerealera se justificó en unos 800.000 metros cuadrados de construcciones que, según el gobierno santafecino, la empresa tiene sin declarar y por las que adeudaría 575.000 pesos de pagos del impuesto inmobiliario.
Teresa Beren, subsecretaria de Ingresos Públicos de la provincia, afirmó que, en el caso de Cargill, habría irregularidades de distinto tipo.
“Esta empresa no declaró 140.000 metros cuadrados en la planta de Puerto General San Martín. Esta firma facturó, según los balances de 2008 que revisamos, 21.000 millones de pesos, un 25 por ciento más que el presupuesto de gastos de la provincia”, dijo Beren el martes pasado, cuando se hizo una inspección en la planta de Cargill en San Martín.
Beren destacó además que había otras presuntas irregularidades de parte de la empresa en otros tributos, como Ingresos Brutos. “En diciembre pasado se detectó que esta empresa aparece exenta en el pago de Ingresos Brutos en las 24 jurisdicciones del país”, puntualizó.
Colaboración
Desde Cargill emitieron un escueto comunicado en el que afirman que, “ante las manifestaciones de funcionarios provinciales sobre supuestos incumplimientos impositivos de Cargill en Santa Fe, se desea poner de manifiesto que la empresa declaró hasta el último metro cuadrado construido en Puerto San Martín, abonando los importes correspondientes al Colegio de Ingenieros provincial y denunciando esas construcciones ante la respectiva Municipalidad, como legalmente corresponde según el Código Fiscal de la provincia”.
Por otro lado, altas fuentes de la empresa indicaron que en todo momento se había colaborado proporcionando información a los responsables del operativo de fiscalización que se está llevando a cabo en las terminales portuarias del Gran Rosario.
En diciembre pasado, la Subsecretaría de Ingresos Públicos provincial inició un operativo de fiscalización en varias empresas.
Según el gobierno santafecino, en marzo pasado se detectaron 785.000 metros cuadrados de superficie construida -en su mayoría, en centros de almacenaje de granos- no declarada en treinta y ocho puertos del Gran Rosario, entre las ciudades de Timbúes y Villa Constitución.
