Entre los empresarios argentinos circula un comentario que sirve para ilustrar cómo el slogan “vivir con lo nuestro” se transformó en un lema inquebrantable para el actual Gobierno y que ejecuta con puño de hierro la Secretaría de Comercio Interior.
Días atrás, el asesor de una cadena de indumentaria de primera línea, formuló, en tono irónico, una pregunta hacia el resto de los empresarios con los que compartía un café: “¿Cómo quiere hacer Moreno para que, en el mercado interno, los productos argentinos sean tan competitivos como los de China o Brasil?”
Como ninguno podía dar con la respuesta, el directivo dijo: “Muy fácil, no firma ningún permiso para importar y borra la competencia”.
Lejos del clima distendido, disparó munición gruesa contra el polémico funcionario: “Ya no les importa si lo que prohíben ingresar al país no se fabrica internamente o si compite o no con la industria local. Lo que hacen es cerrar las fronteras de manera sistemática y abusiva”.
En efecto, esta política de “importaciones cero” llegó a generar una fuerte tensión comercial con todos los países miembro del Mercosur, que ven en las barreras impuestas por la Argentina una amenaza para sus industrias.
Más de 3.000 empresas fuera de carrera
La situación de los importadores se convirtió en la “crónica de una muerte anunciada”.
Tal como informó este medio a mediados de mayo, cada vez son más las compañías que dejan de operar en el país por las mayores trabas que impuso el Gobierno desde fines de 2008. (Ver nota: Empresas y grandes cadenas ven al país como un campo minado para seguir operando)
Y anuncios como el de C&A, de bajarle las persianas a sus 20 locales; o el de Emporio Armani, de abandonar la Argentina por no poder traer sus exclusivas prendas, son apenas la punta de un iceberg.
En efecto, según datos oficiales a los que accedió en exclusiva iProfesional.com, más de 3.000 empresas argentinas que en el primer semestre de 2008 estaban activas, en lo que va del año no realizaron ninguna operación de importación.
Así es como de las cerca de 21.000 compañías activas, se pasó a poco más de 17.400 durante entre enero y junio de 2009, lo que implicó un dramático descenso de casi 20 por ciento.
En tanto, la cantidad de operaciones de importación se redujo en más de 75.000, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:
En diálogo con este medio, José María Novas Regueira, un referentes entre los despachantes de Aduana, confirmó: “Tengo clientes que directamente han dejado de operar este año porque pidieron licencias en el 2008 y nunca les salieron”.
En tanto, fuentes de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera), que pidieron absoluta reserva, también se quejaron de tener “numerosas empresas que han dejado de realizar operaciones porque los permisos les tardan más de seis meses”.
“Están en problemas desde compañías vinculadas con el retail, que tienen varios locales, hasta industrias, que necesitan insumos o incluso bienes finales para completar sus líneas de productos”, aseguraron desde la entidad.
Las cifras son más que elocuentes: durante el primer semestre las importaciones registraron un derrumbe del 38%, con picos mensuales que arañaron el techo del 50 por ciento.
Empleos en la mira
Más allá de la polémica por los plazos y los problemas derivados de la crisis, los empresarios del sector se quejan del negativo efecto que esto tiene a nivel empleo, en momentos en los que el Gobierno se empeña en mantener los puestos de trabajo.
Para el vicepresidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Diego Pérez Santisteban, este férreo control impuesto por Moreno “a muchas empresarios les genera problemas insalvables”.
Según el directivo, a aquellas firmas que hace meses no les sale ninguna licencia o que, de repente, “se ven obligadas a exportar cuando en realidad no pueden, se ven cada vez más cerca de desaparecer del mapa y de quebrar en muy corto plazo”.
“En la medida en que el Gobierno mantenga estas medidas vamos a ver a muchas compañías que no van a tener más remedio que cerrar sus puertas definitivamente”, se quejó.
En la misma línea, Novas Regueira confirmó que “el 99% de nuestros clientes que importan tienen una estructura armada, con oficinas, empleados y hasta algunos con depósitos”, es decir, gastos fijos difíciles de cubrir mientras no se pueda seguir operando.
Desde la CIRA aseguran que en el país, en forma directa e indirecta, hay más de 1,8 millones de empleos ligados con la importación y que el 95% de las actividades agropecuarias, el 80% de la gran industria y el 65% de las Pyme utilizan al menos un insumo importado.
“La actividad comercial, que depende fuertemente de los productos del exterior, es la principal fuente de trabajo en la Argentina, mucho más que la industria y el campo. Entonces, si este tipo de restricciones no se moderan, va a empezar a verse, por un lado, faltante de productos, como está ocurriendo con algunos sectores, y, por otro, la pérdida de puestos de trabajo”, disparó Santisteban.
A modo de ejemplo, aseguró que “si no hay más juguetes de China, Brasil o Europa para vender, lo menos grave es que a los chicos argentinos les va a faltar oferta. Lo más grave es lo que va a suceder con los miles de empleados que dependen de esa importación”.
Al respecto, José Clavería, miembro del consejo directivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y presidente de la Asociación de Amigos de la Avenida Santa Fe, destacó que con las trabas “los comerciantes son los más perjudicados porque nos baja la rentabilidad al mínimo, en un momento donde el consumo está muy golpeado”.
Clavería aseguró que el contexto en el cual el Gobierno restringe el ingreso de productos “es muy malo” y que el empleo en este sector ya comenzó a sentir el efecto, ya que con el “operativo cerrojo” hay menos oferta, los márgenes se achican y los productos con sello made in Argentina tienden a subir de precio, algo que desalienta el consumo.
“Hoy son muy pocos los que toman empleados. El comerciante en general está con una fuerte incertidumbre y no sabe cómo va a mantener sus puertas abiertas y las marquesinas encendidas”, disparó.
Efectos derrame
Las trabas, lejos de causar efectos aislados tienen un efecto derrame en diversos sectores. Uno de ellos es la logística y el transporte.
En diálogo con iProfesional.com, Carlos Musante, vicepresidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), sostuvo que el cerrojo “está influyendo mucho entre los operadores” ya que “más del 70% de los importadores de bienes finales, los más afectados por las licencias no automáticas, terceriza sus operaciones de logística y almacenaje.
De este modo, aseguró que “cada vez más empresas tienen que parar parte de su flota de camiones y se ven más depósitos vacíos” y esto, según el experto, es sinónimo de menos demanda de mano de obra.
La industria, a favor de la medida
Desde la vereda de enfrente, los industriales defienden las restricciones.
En diálogo con iProfesional.com, Norberto García, presidente de la Cámara de la Industria del Juguete, aseguró que, de ahora en más “van a poder verse cierres sucesivos de locales que dependen de la importación porque “este tipo de negocios funciona cuando el comercio es abierto”.
“Como muchas cadenas de retail importan y comercializan de manera directa, los márgenes se les multiplican por diez. Así es como podían pagar el costo del alquiler de fabulosos locales en los shoppings y campañas publicitarias”.
Sin embargo, aseguró que este modelo “no va más” y no anduvo con eufemismos: “En una guerra, si hay que matar, a la patrulla la matás, pero salvás al regimiento”.
A la hora de explicar su llamativa frase, García aseguró que “si cierran locales es porque el negocio no les resulta viable, pero a esto hay que quitarle la carga dramática porque gracias a esto estamos beneficiando a miles de Pyme”.
“Llegó el momento de ver qué preferimos: si 15 comercios cerrados o 5.000 puestos industriales menos”, disparó.
El “operativo cerrojo”
¿Cómo hace el Gobierno para tener atados de pies y manos a gran parte de los importadores? Utilizan las licencias no automáticas, un instrumento muy difundido y que ya despertó las críticas de empresarios, las cancillerías de países del Mercosur y la propia Organización Mundial del Comercio (OMC).
Son una suerte de “grifos” que regulan el ingreso de un amplio abanico de bienes, en su mayoría sensibles, como textiles, calzado, artículos para el hogar, neumáticos, motos, marroquinería y maquinaria agrícola, entre otros.
El problema es que la OMC permite un plazo de aprobación no mayor a los 30 días y, además, establece que sólo sean utilizadas para administrar cupos de comercio. Sin embargo, los empresarios se quejan de su uso indiscriminado y de períodos que pueden llegar a superar los 300 días para obtener la luz verde, algo atípico para el grueso de la economía mundial.
Moreno entra en juego porque para ingresar al país algunos artículos los importadores tienen que realizar un trámite extra en Lealtad comercial, que depende de la Secretaría de Comercio. Allí se analizan las normas de seguridad y temas vinculados con el fraude marcario.
Así, a la larga demora que enfrentan con las licencias, los empresarios tienen un problema extra: el cada vez más resistido funcionario comenzó a obligarlos -a aquellos que tienen que pasar por esta área- a tener que compensar sus operaciones ingresando divisas al país.
La “ley” conocida como “prohibido importar si no se exporta”, que no está escrita ni tiene el respaldo de ninguna normativa dejó a varias empresas fuera de carrera, ya que pocas tienen la estructura para generar negocios en el exterior (cuando su core business siempre fue la importación) y hasta llevó a algunas a tener que exportar a pérdida, tal como reveló este medio semanas atrás.
Más allá de esto, todos los empresarios afectados coinciden en que las trabas para importar no tienen como objetivo favorecer la industrialización de la Argentina, sino que se sienten perjudicados por una medida que busca cuidar los dólares ante una fuga que amenaza con llegar a los u$s20.000 millones en 2009.
“¿Por qué tenemos que pagar el pato nosotros de una salida de capitales cuando es el propio Gobierno el que lo debe resolver y por sus propios medios?”, disparó el directivo de una importadora de calzados.
La crisis también mete la cola
A este “operativo cerrojo” también se suma la crisis internacional y la recesión que sufre la economía argentina.
En diálogo con este medio, Santisteban aseguró que, además de las licencias no automáticas, “la crisis pega y mucho, ya que con la caída del consumo y la desaparición del financiamiento internacional, son cada vez menos los empresarios que se arriesgan a invertir parte de su capital para traer productos del exterior”.
A nivel industrial también destacó que “se están importando menos materias primas y bienes de capital. Todo esto provoca un achicamiento de muchas empresas”.
Ante este panorama poco alentador, Santisteban consideró un error la estrategia del Gobierno: “Desde el punto de vista del impacto económico, recaudación y empleo –en un contexto donde tenemos 40% de caída de las importaciones y un tipo de cambio que no está atrasado-, las trabas son un error, porque si hiciéramos la cuenta fiscal global, es una realidad que el país está teniendo muchísimas más pérdidas que beneficios”.
