Inicio Empresas y Negocios Prevén ola de juicios por la estatización jubilatoria

Prevén ola de juicios por la estatización jubilatoria

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El anuncio que hará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de transferir al Estado las jubilaciones privadas, hoy en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) disparó una catarata de opiniones encontradas y generó polémicas respecto a qué destino le dará el Gobierno a dichos fondos.

Desde el oficialismo argumentan que la medida se toma para asegurar y garantizar los futuros haberes de los 9.5 millones de aportantes al régimen privado, sobre todo si se tiene en cuenta que la rentabilidad de estos fondos se vieron seriamente perjudicados como consecuencia de la crisis financiera internacional.

Los especialistas consultados explicaron las consecuencias que el traspaso podría originar y vaticinaron que tanto las aseguradoras como los afiliados podrían iniciar acciones judiciales por la medida que algunos ya califican de expropiatoria.

Duro revés judicial
Tras la brusca caída de la bolsa porteña, que superó los dos dígitos, el juez Claudio Bonadío, prohibió este martes que las Administradoras de Fondos y Pensiones (AFJP) operen por los próximos siete días como consecuencia de una denuncia realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que indicó que las empresas estaban liquidando sus bonos ante los inminentes cambios en el sistema.

La medida fue adpotada por el juez Claudio Bonadío, luego de que esta mañana el fiscal Guillermo Marijuan acusará a las empresas del sector de liquidar sus títulos y poner en riesgo los aportes de los trabajadores.

Vale aclarar que Marijuan denunció este martes las diez AFJP -incluida la estatal Nación- por presunta administración fraudulenta a raíz de la supuesta liquidación de bonos del Estado que habrían realizado en la víspera, se informó en los tribunales.

La denuncia del fiscal -que también se desempeña como titular de la unidad fiscal de la ANSES- se basó en las informaciones periodísticas publicadas esta mañana sobre las consecuencias del plan oficial de reestatizar las AFJP.

La Fiscalía atribuye a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración.

Desde las AFJP
El presidente de Profesión + Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y ex presidente de la Cámara Argentina de las AFJP, Horacio López Santiso, recomendó a los afiliados al sistema de capitalización que se “dediquen a hacerle juicio” al Estado por determinar la trasferencia de los fondos de las AFJP a la ANSES, y no descartó que también las empresas y los inversores realicen sus propias demandas.

De esta manera, el ejecutivo rompió el silencio que hasta ahora mantenían las AFJP tras conocerse la intención del Gobierno de transferir la totalidad de los fondos del régimen de capitalización hacia el Estado.

“Los damnificados deberían dedicarse a hacer juicios”, indicó López Santiso al tiempo que aseguró que “no hay que soslayar la posibilidad de que las propias AFJP lo hagan también, así como quienes pusieron capitales en las administradoras”.

Voces
Fabián Bergenfeld, abogado e integrante de la asociación civil para la defensa ciudadana fue más allá y adelantó que van a aconsejar a los afiliados a las AFJP -si se sanciona la ley que avale el traspaso de las administradoras al Estado- para que promuevan amparos individuales contra el Gobierno con el fin de declarar la inconstitucionalidad de esta norma porque afectaría el derecho de propiedad de cada afiliado.

”Los afiliados a las AFJP están legitimados para actuar porque ven directamente lesionados sus derechos”, explicó.

Además, destacó que están analizando iniciar acciones por rendición de cuentas contra las AFJP- aún no sabe si en sede civil o penal- por administración fraudulenta de los fondos al haber ejercido actos de disposición por permitir en sucesivas oportunidades que el Estado hiciera confiscaciones parciales de sus fondos, hasta llegar a esta instancia que parece definitiva, explicó.

En tanto, Guillermo Jáuregui, abogado especialista en derecho previsional, dijo a iProfesional.com que de acuerdo a lo hasta ahora trascendido el proyecto oficial “liquidaría el régimen previsional de capitalización individual”.

Esto significa que a partir del momento que sea sancionada la ley, los actuales afiliados a las AFJP, empezarían a aportar al Estado.

El abogado destacó que el problema principal es saber qué hará el Estado con los $97.000 millones que está actualmente en las cuentas de capitalización individual.

Si bien Jáuregui siempre defendió el sistema de reparto, destacó que hay casos particulares. Y explicó que hay muchas contradicciones detrás de esta medida porque por un lado durante muchos años se le inculcó a la gente que el principal beneficio del sistema privado era tener “su “ cuenta individual, y por otro de la noche a la mañana lo erradican.

“Liquidar y estatizar es una expropiación con un pago que en algunos casos se hará de acá a veinte años”, concluyó el previsionalista.

“No podemos saber si el Estado en mediano y largo plazo, podrá hacerse cargo de abonar jubilaciones móviles para todo el Sistema, máxime si recién se acaba de fijar una movilidad previsional mediante la ley 26417, cuyo índice de cálculo ha sido tan cuestionado por ser incierto a futuro y que aún ni se ha aplicado”, dijo Daniela M. Spinelli, socia de SRR abogados & Asociados.

Así la abogada previsionalista explicó que cuando sólo existía el régimen estatal y aún luego de la creación de las AFJP, hubo cataratas de juicios por haberes previsionales a los que no aplicaban la movilidad previsional.

“Todo asegura que otra vez la vía siga siendo el litigio”, precisó.

Spinelli aseveró que esta es una decisión en la que todos de alguna forma estamos involucrados, “no puede tomarse sin el debate que merece, lo que espero ocurra al momento de tratarse la ley”.

La oposición
Así también dirigentes de la oposición fueron lapidarios con la decisión del Gobierno al sentenciar que el principal objetivo que persigue es hacerse de la caja para financiar el gasto público.

Para Santiago de Estrada, Auditor de la ciudad de Buenos Aires, el sentido de la medida es buscar fondos para financiarse en un momento de caída de las finanzas públicas.

“Hace tan sólo un año y medio se modificó la ley de las AFJP para permitir lo que se conoció como la libre opción; es decir posibilitar que los afiliados vuelvan al régimen de reparto”.

En diálogo con iProfesional.com el funcionario dijo que “los fondos acumulados que captan las administradoras no son de las AFJP ni del Estado sino de los propios jubilados. Por eso si el Gobierno se los queda entonces lo confisca”, dijo.

Para Estrada, el hecho que el traspaso sea compulsivo y obligatorio dará lugar a numerosos planteos y reclamos judiciales por parte de los afiliados damnificados.

Si se concreta el ingreso al régimen público de reparto de los cerca de 450.000 jubilados que hoy están en el sistema privado, la consecuencia será que a futuro la mayoría de los jubilados pasarán a cobrar el mínimo, concluyó.

En tanto, el diputado radical por Jujuy, Alejandro Nieva aclaró que “siempre criticamos la reforma de los 90 que impuso el sistema de capitalización”.

“Es cierto que las AFJP no cumplieron, ni remotamente, las promesas que se hicieron en su momento, sobre las prestaciones que debieron otorgar” afirmó el legislador.

Pero consideró que “entonces, sería bueno discutir la transformación del régimen jubilatorio recuperando la vigencia plena del sistema solidario de reparto”.

“Nos preocupa que esta decisión esté orientada a echar manos a los recursos”, advirtió el diputado jujeño.


Fuente: InfoBAE

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