Para lograr que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y se evite la piratería de software, la Business Software Alliance (BSA) informó que durante los últimos tres meses más de 60 empresas en nuestro país fueron contactadas directamente para alertarles sobre los riesgos legales y económicos relacionados con el potencial uso de software ilegal en sus empresas. Pero además, les brindaba la información necesaria que les permite detectar situaciones de riesgo en materia de uso legal de los programas de software. La organización lleva a cabo diversos tipos de acciones judiciales contra los infractores según la legislación vigente; acciones administrativas, demandas civiles y/o denuncias criminales.
“Estas iniciativas de BSA, al igual que todos sus programas, tienen un fuerte componente educativo que busca advertir, educar y concienciar a los usuarios en las ventajas y beneficios que trae la legalidad para el país, las empresas y para el usuario en cada uno de sus hogares; gracias al bienestar socio-económico, el aporte a las economías nacionales y los bienes y servicios de valor agregado que es capaz de generar la industria del software frente a cada programa de computador o desarrollo asimismo como los posibles riesgos legales”, comentó Palico Mille, uno de los Apoderado de BSA en Argentina.
En la Argentina, la Ley No 11.723, establece sanciones tanto penales como civiles para quienes infringen los derechos de los creadores de software. Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta a 3 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata, por vía de la adquisición de las licencias del software utilizado en infracción.
Cabe destacar que en la Argentina, existen cientos de casos de empresas que han sido inspeccionadas en procesos judiciales civiles y penales, las que deben afrontar severas indemnizaciones en reparación del daño cometido, o en su caso, de sanciones penales a sus directivos de sistemas. Según información provista por Millé, anualmente se llevan a cabo aproximadamente 200 casos contra empresas usuarias de software ilegítimo.
Para Palico Mille, uno de los Apoderado de BSA en Argentina, estas herramientas tienen como objetivo de alertar e informar a los ciudadanos o empresas sobre posibles conductas que no se ajustan con la legalidad ni las normas vigentes. “Luego de análisis sectorial previo de BSA, muchos de quienes son contactados agradecen esta alerta pues desconocen las implicaciones o alcances de las normas y algunos podrían estar cometiendo situaciones irregulares sin mayor conocimiento”, explicó Mille.
Si bien el desconocimiento de las normas no exime de una potencial sanción por violación a los Derechos de Autor- facultad que asiste a las autoridades nacionales al momento de realizar a las acciones de control en el cumplimiento de sus funciones – en Argentina cerca del 75% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de International Data Corporation (IDC); situación que representa un gran potencial de riesgo entre las empresas de Argentina.
